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CHILPANCINGO, Gro., 10 de noviembre de 2019.- Habitantes de comunidades de Leonardo Bravo que fueron desplazados hace casi un año, permanecen en la incertidumbre porque el convenio para el pago de sus rentas que mantenían con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) terminó el mes pasado y actualmente ese organismo no tiene titular, por lo cual llamaron al gobierno federal a atender ese problema.
Este lunes 11 de noviembre se cumple un año del desplazamiento forzado que sufrieron al menos mil 500 habitantes de nueve comunidades de la zona serrana tras la irrupción del Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG), para lo cual han convocado a una movilización en Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo.
De acuerdo con el director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, quien ha acompañado a los desplazados, unas 20 familias han salido del país para buscar asilo político en Estados Unidos, en donde llevan a cabo su proceso para ver si son aptos, y otro número indeterminado de familias que se ha dispersado.
Informó que actualmente son 70 familias las que permanecen en Chichihualco en viviendas rentadas con el recurso que les asignó la CEAV; no obstante, el convenio concluyó en octubre y no saben qué pasará con lo correspondiente a noviembre.
Indicó que en el caso de las familias desplazadas de Tlaltempanapa, Zitlala, hay siete aún en Chichihualco pues quieren ser reubicadas, pero el gobierno sólo les ha recomendado volver a sus comunidades pero las familias saben, dijo, que si regresan los van a asesinar o a desaparecer.
Olivares Hernández consideró que se requiere ejercer presión para que el gobierno federal nombre al titular de la CEAV y de no ser posible, designe a un encargado para que pueda firmar la salida del apoyo que requieren las víctimas.
Para conmemorar el primer aniversario del desplazamiento de sus tierras se ha convocado a una misa y una marcha en Chichihualco a partir de las 11 de la mañana del lunes.