Guerrero: plantean nueva ley para regular mercados y comercio ambulante
ACAPULCO, Gro., 14 de mayo de 2026.- Organizaciones internacionales de derechos humanos llamaron al Poder Judicial a resolver los amparos promovidos a favor de la activista indígena amuzga Kenia Inés Hernández Montalván, quien permanece privada de la libertad desde octubre de 2020 en un penal de Estado de México.
En el comunicado firmado por ACAT Francia; el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional; CIVICUS; la Federación Internacional por los Derechos Humanos; Front Line Defenders, y la Organización Mundial Contra la Tortura, señalaron que de 10 casos de criminalización iniciados contra la defensora desde 2010, ocho causas federales ya fueron cerradas y sólo permanecen abiertas dos causas locales en Estado de México.
“El cierre de las causas federales abre el camino para poner fin a las graves violaciones y profunda injusticia que enfrenta Kenia”, señala el comunicado.
De acuerdo con el documento, Hernández Montalván enfrenta actualmente 21 años de prisión por dos causas penales, por las que su defensa promovió juicios de amparo directo que están en trámite ante órganos jurisdiccionales del Segundo Circuito en materia penal.
Las organizaciones recordaron que Kenia Hernández ha dedicado su trabajo a la defensa de los derechos de pueblos indígenas, mujeres, tierra y territorio, además del acompañamiento a comunidades afectadas por violaciones graves de derechos humanos.
Antes de su detención, participó en movimientos sociales en Guerrero como dirigente del Colectivo Libertario Zapata Vive e integrante del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero.
El comunicado advierte que organismos internacionales, diputadas europeas y mexicanas han expresado preocupación por irregularidades en el caso, entre ellas la negación de participación presencial en audiencias, el derecho a interpretación en idioma amuzgo y la negativa reiterada de visitas familiares, de su equipo jurídico y de organizaciones acompañantes.
Las organizaciones pidieron al Poder Judicial del Segundo Circuito resolver los amparos conforme a estándares internacionales sobre personas defensoras y el derecho a la protesta pacífica.
También llamaron a las autoridades del Estado de México a reconocer la labor de Kenia Hernández como mujer indígena defensora y a garantizar medidas de protección reforzada para evitar obstáculos, agresiones o represalias.