Ve PRD ataque político contra Evodio por boquete que informó Adela

ACAPULCO, Gro., 26 de diciembre de 2018.- El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD en el estado, Ricardo Ángel Barrientos Ríos consideró un ataque político contra el ex alcalde porteño Evodio Velázquez Aguirre, el que la alcaldesa Adela Román Ocampo informara que éste dejó una afectación por 2 mil 779 millones 120 mil 429 pesos a las finanzas municipales.

En entrevista antes de inaugurar las mesas de trabajo Retos y perspectivas de la mujer mexicana en el siglo 21 en un hotel de la zona Diamante, Barrientos Ríos llamó a que las declaraciones se hagan “de una manera muy profesional y responsable” y no a través de los medios de comunicación, pues el estado no requiere más violencia.

Ante ello, aseguró que serán las autoridades correspondientes, como la Auditoría Superior del Estado (ASE), quienes sean las responsables de emitir sanciones o comunicados. “Vamos a defender la institucionalidad y lógicamente vamos a defender la legalidad, por eso insisto en el tema de las propias autoridades, porque pareciera ser que hoy las descalificaciones quedan únicamente en el aire y las autoridades no se manifiestan, no he escuchado una sanción que haya emitido la Auditoría Superior de Estado”.

Asimismo reconoció que “efectivamente hay un desorden que se ha venido heredando” en las alcaldías, pero justificó que la responsabilidad de los que ahora están en el cargo “es tratar que esos números cambien” y poner un mayor orden a las administraciones municipales.

Por otra parte, confió en que en estos días, sin precisar cuándo, la dirigencia nacional del PRD convoque a los cinco militantes a ocupar de manera provisional el Comité Estatal, para que en abril de 2019 se convoque a una sesión del Consejo y se elija a los nuevos representantes.

Quadratín Guerrero informó que Adela Román ofreció una conferencia donde dio a conocer que el perredista Evodio Velázquez dejó una afectación por 2 mil 779 millones 120 mil 429 pesos a las finanzas municipales, una abultada nómina de casi 9 mil trabajadores, diversas irregularidades en obras y programas, y faltantes de vehículos, maquinaria pesada, mobiliario, equipo de cómputo y oficina.