Violencia política de género, deuda de un siglo del Estado: investigadora

ACAPULCO, Gro., 1 de febrero de 2026.- La investigadora Gloria Luz Alejandre Ramírez expuso que la violencia política contra las mujeres en México tiene raíces históricas en su exclusión como ciudadanas, lo que calificó como una deuda del Estado que se prolongó por más de un siglo, al impedirles votar y acceder a cargos de representación, aun cuando participaron en procesos fundacionales del país.

Durante la conferencia magistral La construcción de las mujeres como sujeto político y su ascenso en las esferas del poder público, realizada de manera virtual en el diplomado del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) y la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, la ponente señaló que la negación de derechos políticos operó como un mecanismo de control que limitó el ejercicio del poder de las mujeres y su reconocimiento en el espacio público.

Recordó que pese a la participación de mujeres en la Independencia, la Constitución de 1824 y la de 1857 no las reconocieron como ciudadanas, lo que les impidió votar, ser electas y participar formalmente en cámaras y gobiernos.

Explicó que la exclusión definió la violencia política de origen en subordinación institucionalizada por ley.

Alejandre Ramírez ubicó un punto de quiebre en el Primer Congreso Feminista de Yucatán de 1916, convocado por el gobernador de esa entidad, el general Salvador Alvarado, donde se documentó la asistencia de 617 mujeres, principalmente maestras, y en el que se discutió el derecho al voto.

Sin embargo, subrayó que el conservadurismo de la época también frenó avances, porque prevaleció la idea de que la vida pública correspondía a los hombres.

En su recuento, indicó que el voto para mujeres avanzó de manera restrictiva en 1947, durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés, al permitirlo solo en el ámbito municipal, y que el reconocimiento de ciudadanía plena llegó hasta 1953 con Adolfo Ruiz Cortines, mientras que el primer voto federal se ejerció en 1955.

Añadió que antes, en el periodo de Lázaro Cárdenas, aunque el Congreso aprobó una reforma, no se publicó, lo que dejó una deuda histórica con las mujeres.

La académica vinculó esa trayectoria con expresiones actuales de violencia política y simbólica, al señalar que aún persiste la idea de que las mujeres pueden ocupar cargos sin ejercer el poder real, e ilustró esa lógica con casos de comunidades que niegan el bastón de mando o fabrican uno distinto cuando la autoridad electa es mujer.

También advirtió que la violencia política se conecta con otras violencias estructurales contra mujeres, niñas y adolescentes, y mencionó que México enfrenta un problema grave de agresiones sexuales, matrimonios infantiles y embarazos en edades tempranas, con incumplimientos legales que, dijo, muestran que el Estado no garantiza el acceso efectivo a una vida libre de violencia.

Añadio que aun con compromisos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará, la deuda institucional persiste si no hay sanciones y políticas que transformen las condiciones que permiten la exclusión y la violencia, incluida la violencia política contra quienes buscan o ejercen cargos públicos.