Caleta directo
Para una sociedad como la mexicana, algo nos debería decir el hecho de que, en la historia reciente de nuestro país, un número importante de mandatarios estatales hayan pasado por la cárcel o se encuentren, en este momento, cursando una condena.
¿A qué se deberá esta realidad? ¿A la eficiencia del sistema judicial, que es tan imparcial que incluso a las élites políticas alcanza? ¿A la exigencia pública, que es implacable al evaluar el desempeño pulcro de un gobernante? ¿A la utilización del sistema de justicia como una herramienta política? ¿O a la cruda realidad de que el sector gobernante está vinculado a malas prácticas extractivas y corruptas de la tarea pública?
Puede que todas las preguntas anteriores sean válidas. Pero quisiera centrarme, en esta reflexión, en la última de ellas, porque es demoledor que las personas a las que se les confió, vía elecciones, la encomienda de gobernar terminen enjuiciadas por actos contrarios al propósito del gobierno: desfalcos a las arcas públicas, coalición con poderes fácticos y actos criminales.
Muchas de estas consecuencias están centradas en la falsa idea de que, en la política, lo mejor es el pragmatismo. En ese contexto, cuántas veces se ha escuchado la errónea idea de que “el fin justifica los medios”, expresada por personas que citan mal a Nicolás Maquiavelo, entendiendo erróneamente que cualquier medio es válido para conseguir el poder por el poder, que, en sus limitadas reflexiones, representa el fin.
Desde muchos puntos de vista del pensamiento político, el fin público ha sido el bien común: hacer posible una vida buena, preservar la comunidad, conservar los derechos fundamentales que permiten la convivencia humana, garantizar la libertad de los individuos, la igualdad de derechos y oportunidades. Frente a esta concepción, el poder político es un medio; el bien común es uno de sus fines.
En la experiencia de la Atenas clásica, existió la necesidad de que los gobernantes pudieran responder ante los ciudadanos. A este proceso se le denominó Eutina (Euthynai), en donde se revisaban las cuentas financieras, pero también se evaluaba el desempeño. De resultar alguna falta, existía un castigo que podría ser una multa, una ejecución o el exilio, al que denominaban ostracismo (cada ciudadano escribía el nombre de la persona que deseaba exiliar en un trozo de cerámica rota llamado óstrakon, de donde proviene la palabra).
Sin embargo, el pensamiento del pragmatismo político ha persistido hasta nuestros días; a veces parece ganar la batalla, pero, volviendo a la metáfora, cada ciudadano tiene un óstrakon en la mano, quizá para recordarnos que la política no es así.