Localizan cadáver de un hombre en localidad de Los Llanos, La Unión
CHILPANCINGO, Gro. 31 de diciembre de 2014.- La Jornada reporta que el Ejército tuvo un papel de permanente conflicto en 2014 con los movimientos sociales en Guerrero, lo que incluyó tres incursiones en el área del Cecop; al menos dos confrontaciones con la Upoeg en El Octotito, otra con la Crac en Ayutla, denuncias de hostigamiento por parte de la Opim, y el caso más relevante: su presunta participación en la desaparición de estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa en Iguala; incluso, antes del 26 de septiembre, dos veces vehículos militares incursionaron en el campus de la normal.
Los problemas comenzaron con el año, cuando el 2 de enero policías comunitarios de Tixtla colocaban una manta para pedir la liberación de sus compañeros, detenidos en 2013, y llegaron soldados que trataron de impedirles su colocación. Según la versión de Hortencia Honorato, esposa del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac), Gonzalo Molina, preso en Oaxaca, los comunitarios estaban en el barrio del Fortín colocando las mantas cuando llegaron los soldados. El incidente no pasó a mayores.
Después, en Acapulco, el 18 de enero, un grupo de soldados acompañado de policías federales y estatales, irrumpió en la comisaría de Aguacaliente, bastión del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota. De acuerdo con el vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz, quien aún estaba libre, los agentes argumentaron que estaban buscando una camioneta con reporte de robo, y sometieron y encañonaron a dos jóvenes, pero el vehículo que revisaron pertenecía a un comunero y no tenía ningún reporte.
El 26 de enero, en El Ocotito, municipio de Chilpancingo, donde se conformó el Sistema de Justicia Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (Upoeg), 20 vehículos militares con personal en su interior, fueron retenidos durante todo el día por los pobladores, luego de que al parecer los soldados pretendían detener a los dirigentes de la Policía Ciudadana. Fueron retenidos a las 11 de la mañana y liberados a las 8 de la noche.
El 30 de enero, unos 20 militares irrumpieron en la normal rural de Ayotzinapa a bordo de una Hummer y una camioneta artillada y tomaron video de las instalaciones y de los estudiantes que se encontraban ahí. La explicación que dieron después, es que se habían perdido y por error llegaron hasta el campus. Ingresaron a las 10 de la mañana y se retiraron. Los estudiantes denunciaron que era la segunda ocasión que los soldados ingresan a la escuela.
El 13 de febrero, en Chilapa, la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP) denunció que el Ejército irrumpió en la comunidad de San Antonia Coyahuacán, Olinalá, e intimidó a los pobladores.
El 19 de marzo, en Puerto de las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán, militares irrumpieron en un campamento de desplazados por la violencia de La Laguna, según denunció el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.
El 3 de agosto ocurrió otra irrupción militar en La Concepción, justo cuando concluía una asamblea del Cecop. Los comuneros se organizaron y bloquearon con sus cuerpos la calle de acceso al poblado y obligaron a los militares –que iban con marinos– a retirarse.
El 26 de septiembre, tras la agresión de policías a normalistas, y en el contexto de la desaparición de 43, soldados del 27 Batallón detuvieron a los jóvenes y los insultaron, según sus propios testimonios. El hecho generó una reacción social porque los militares no impidieron la desaparición de los jóvenes, y la revista Proceso publicó una investigación en la que exhibe la posible participación del Ejército en los hechos.
El 4 de diciembre, en Acapulco, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, denunció una creciente militarización en la zona de Ayutla y un hostigamiento de paramilitares contra la Organización de Pueblos Indígenas Mepaa (Opim).
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