Caminos del sur/Manuel Nava

Volver sobre los mismos pasos

Los trabajos de la Comisión de la Verdad sobre el caso Iguala, se continúan moviendo en la delgada línea de la esperanza y la frustración.

Cuando se anunció la reapertura de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas, surgió con firmeza la esperanza de que las nuevas autoridades mexicanas podrían encontrar las piezas claves en cada línea de esta investigación para dar con la verdad de lo que sucedió la noche que transcurrió entre el 26 y el 27 septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Una vez más el factor político constituye una ruta para la desviación de las investigaciones. Si durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se buscó posicionar a la verdad histórica como versión absoluta y definitiva de los hechos, ahora se buscan sacrificios.

Las declaraciones de los diferentes actores en la búsqueda de los 43, permiten concluir que la prioridad no es esclarecer el paradero de los normalistas desparecidos sino indagar al Ejército mexicano, de acuerdo al decreto presidencial que los representantes del Ejército y de la Marina firmaron cuando fue creado el organismo.

Ahora por diferentes medios se busca reconstruir la conclusión que se emitió en 48 horas por parte de los defensores de la causa de los 43: fue el Estado.

No puede soslayarse que la entonces Procuraduría Federal de la República errores de bulto en la investigación oficial, confusiones con el nombre, la fisionomía, con los tatuajes, incluso la tortura se erigió en el método interrogatorio favorito de los investigadores.

Pareciera que el criterio rector, es ahondar el descredito de las autoridades anteriores.

No es casual que, en fechas recientes, Esmeralda Arosemena, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), haya insistido en  que se deje atrás la llamada verdad histórica que ya el Tribunal Colegiado de Tamaulipas y la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos han cuestionado, por lo que tiene que darse una nueva narrativa, pues “la mal llamada verdad histórica está descartada”.

Pero también se están descartando las versiones e indicios para establecer la hipótesis de la participación de jefes del narco en Chicago como posibles responsables de los ataques a los normalistas que siguen desaparecidos.

También deben tenerse presente las palabras de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos: “Para mí es una sorpresa todo lo que me he encontrado […] el número de 40 mil desaparecidos no era algo que tuviera así de claro, o los 26 mil cuerpos sin identificar, o las nueve mujeres asesinadas cada día, yo sabía de la violencia, eso lo sabía muy bien pero no tenía impresión de la dimensión de estos casos de violaciones de derechos humanos”, indicó.

Y con certeza agregó que las nuevas autoridades del país “han reconocido que México tiene una crisis de derechos humanos y por tanto también la voluntad”.

Las acciones que se están desarrollando con respecto al caso Iguala, no pueden separarse de lo que está ocurriendo en el ámbito de la seguridad pública en México.

Lo ocurrido la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala es resultante de la crisis de Seguridad  Pública que se está viviendo en el país y la guerra desatada contra y entre los carteles de la delincuencia organizada.

De la misma manera, las nuevas indagaciones al respecto están inmersas en la visión de seguridad pública que dicen tener las nuevas autoridades de gobierno.

En cualquier caso la clave está en el paradigma que se sigue en las políticas de seguridad que ahora está incluyendo a una cuarta fuerza armada que será la Guardia Nacional como brazo para combatir a la delincuencia.

La vinculación entre estructuras de gobierno y bandas delincuenciales que operaron en la desaparición de los normalistas, es decir el narcoestado, se está quedando fuera de foco en las indagatorias. El móvil político tiene prioridad.

La primera vez que me engañes la culpa será tuya; la segunda vez, la culpa será mía, diría la abuela.