OAXACA, Oax., 14 de enero de 2015.- El Gobierno de Oaxaca anunció que tiene plenamente identificados a los responsables de los actos vandálicos que se registraron la tarde de este lunes durante las protestas de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

En un comunicado señala que la Secretaría de Seguridad Pública entregó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) “las fotografías y las videograbaciones de los lamentables hechos, donde se tienen identificados plenamente a los responsables, por lo que se actuará con energía sin que se permita que quede impune”.

El Gobierno de Oaxaca condenó estos hechos en los que se estiman daños por un monto de 3.5 millones de pesos en un total de 16 cámaras del sistema de videovigilancia del Centro de Control, Comando y Comunicación (C4).

Así como el robo de un vehículo y 6 escaleras adaptadas para rescate e intervención urbana del Honorable Cuerpo de Bomberos de Oaxaca.

“Se ha actuado en todo momento con tolerancia y prudencia, sin embargo los actos de vandalismo,  robo, violencia y agresión a la sociedad están lejos de ser parte del ejercicio de las garantías individuales, de la libertad de expresión, libre asociación y la libre manifestación, por lo que se actuará conforme a Derecho” se lee en el boletín.

Por ello, las autoridades hacen un “un llamado a las organizaciones sociales a conducir su inconformad por el cauce de la institucionalidad, sobre todo, al considerar que la administración estatal ha mostrado disposición plena para atender sus planteamientos e intervenir ante las instancias federales correspondientes para el desahogo de éstas”.

Se informa también que “Las personas afectadas en su patrimonio e integridad fueron acompañadas para presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público Móvil  y se actúe en consecuencia”.

La administración estatal realizará las diligencias correspondientes para ejercer acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables.

Ante estos hechos el Gobierno de Oaxaca manifiesta que de continuar con estas acciones y no atienden los llamados al diálogo y la conciliación se reserva la “aplicación disuasiva de la fuerza pública cuando se ponga en riesgo la paz social, y sobre todo, cuando se amenace la seguridad de la ciudadanía”.