De numeralia y novedades electorales 2015

En este periodo vacacional, donde las comunidades judeo-cristianas celebran la Pascua y la Semana Santa respectivamente, las campañas políticas en el país continúan después de más un mes de haber arrancado, y ya nada las detiene o detendrá. Los mexicanos le hemos apostado a salir a votar, y recompensar o castigar a los partidos políticos y representantes populares que nos han representado en los últimos tres años.

Y es que las elecciones del 7 de junio serán inéditas, porque serán las primeras organizadas por elInstituto Nacional Electoral (INE) y enfrentarán retos que responden a las condiciones político-sociales del país, y que en esta jornada electoral se renovarán dos mil 159 cargos de elección popular. En estos comicios se renovarán 500 curules de la Cámara de Diputados, nueve gubernaturas, 641 diputaciones en 17 entidades federativas, 993 alcaldías en 16 estados y las 16 jefaturas delegaciones en el Distrito Federal, con una lista nominal de electores de 80 millones de mexicanos.

La reforma electoral realizó modificaciones como el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República. Además, las autoridades encargadas de la elección deberán enfrentar la implementación de la reforma político-electoral, aprobada en febrero de 2014, con otros cuatro desafíos. El sistema de fiscalización de recursos de partidos políticos, precandidatos y candidatos; la organización de las elecciones locales; el acceso a medios y el modelo de comunicación política; y la introducción de la figura de las candidaturas independientes”.

En cuanto a la atracción de una parte o la totalidad de procesos electorales locales, por parte del INE, los criterios legales son aún muy generales, el acceso a medios y el modelo de comunicación política, hay un exceso, al que han llamado “spotización”, por la programación de 26.5 millones de spots, cuya transmisión puede generar cansancio en la ciudadanía, aunado a que todavía está pendiente la regulación de la publicidad gubernamental. Los investigadores apuntaron que el sistema de fiscalización de precandidatos y candidatos, es muy complejo y debe ser cuidadoso para supervisar los casi cinco mil 400 millones de pesos asignados a los 10 partidos políticos que van a participar en la elección.

La legislación de candidaturas independientes impone sus propios desafíos, por los requisitos que establece para que éstas puedan consolidarse; además es la primera ocasión que se utiliza esta figura y plantea retos muy importantes para quien quiere ser elegido mediante ella.Todos estos aspectos, dijeron, confluirán en la elección concurrente de junio próximo, deben considerarse en futuras modificaciones a las reglas electorales.

En estos comicios se renovarán 500 curules de la Cámara de Diputados, nueve gubernaturas, 641 diputaciones en 17 entidades federativas, 993 alcaldías en 16 estados y las 16 jefaturas delegaciones en el Distrito Federal, un total de dos mil 159 cargos de elección popular, con una lista nominal de electores de 80 millones de mexicanos.

La teoría política francesa sostiene que la idea de que se pueda elegir a los gobernantes es algo moderno. En el pasado, los gobernantes eran parte de la propia naturaleza; algo parecido al clima, el suelo o la enfermedad: no se escogían. La designación de los gobernantes tenía un carácter sagrado y divino. Dios elegía a alguno de sus hijos predilectos y, por vía de herencia, el poder se sucedía entre familia, ante la resignación de los súbditos.

Hoy, la designación de los gobernantes mediante elecciones ciudadanas es la única fuente de legalidad y legitimidad en la transmisión del poder público. Las elecciones son el medio fundamental para mantener un régimen democrático, en el sentido contemporáneo de la expresión.

Los grupos que detentan el poder —a lo largo de la historia— han procurado limitar el acceso al voto. Bajo la idea de que una parte importante del pueblo no está capacitada para determinar la ruta que debe seguir la sociedad; se han creado diversas teorías y concepciones legales para restringir el derecho al sufragio y excluir a las clases inferiores de la población de la toma de decisiones.

Por suerte, la idea del sufragio universal ha triunfado. En la actualidad, nuestra Constitución garantiza que no exista ningún tipo de discriminación en el ejercicio de los derechos humanos y, por consecuencia, en el acceso al sufragio. Lo anterior viene a colación por las declaraciones de padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, así como por la determinación de los “profesores” de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y del Movimiento Popular Guerrerense, de boicotear las elecciones de 2015 en dicha entidad.

“Se ve claramente que no hay condiciones para ningún tipo de comicios”; “los partidos políticos no responden a las exigencias del pueblo”; “ya estamos organizados y no vamos a permitir que se instalen las casillas”, son frases que han declarado algunos de los líderes a los medios de comunicación. Como auténticos detentadores del poder —que han venido acumulando ante la complacencia gubernamental— estos actores se quieren arrogar el derecho de representación nacional e imponer sus motivaciones e intereses a la ciudadanía guerrerense.

La transmisión pacífica del poder político es uno de los principales pilares de la democracia. Con todo lo que se pueda criticar, México —desde 1934— ha sido la única república en América que ha visto a 13 Presidentes de la República iniciar y concluir su mandato y entregarlo mediante elecciones ciudadanas.

Recordando al filósofo enciclopedista J.J. Rousseau: “El derecho de voto es un derecho que nada ni nadie puede quitar a los ciudadanos”. No se necesita ser hombre de muchas entendederas para comprender que las elecciones tienen mayor utilidad en los momentos de crisis. Las elecciones son el menos peor de los métodos para llegar a acuerdos sociales, aunque éstos parezcan mínimos o insustanciales, para expresar el descontento acumulado, para hacerle saber a los gobernantes, a los partidos políticos y a sus dirigentes y militantes que hay ciudadanos que no están de acuerdo con las acciones de aquéllos. Es la manifestación más grande, la más más numerosa, la más plural. Por ello, resulta incomprensible llamar a boicotear las elecciones federales y locales del próximo 7 de junio en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán.

Sin embargo, la utilización de esos inexcusables hechos como método de lucha política no tiene explicación ni justificación alguna. En primera instancia, parece que el dolor, el agravio, permiten la utilización de cualquier método… para agudizar las contradicciones, se decía en aquellas células semiclandestinas de los años setenta. Sí, pero no cuando ese método perpetuará las formas y las fórmulas que concluyeron en el despreciable crimen contra 43 jóvenes.

¿Cuál sería el resultado de la suspensión de elecciones federales y estatales en las entidades del sur, o en cualquier otra parte del país? Simple, la agudización de los problemas que ya existen. Ya se sabe que en la política no existen los vacíos, porque éstos son llenados de inmediato por aquellos interesados en el mantenimiento del statu quo, que les permite la impunidad para sus actividades fuera de la ley.

En otras palabras, la no realización de elecciones provoca que los grupos de interés político, económico y también los del crimen organizado, o simples caciques, aprovechen la oportunidad para imponer como autoridades a aquellos que les responderán, precisamente, en acuerdo con su interés. Imagine usted: no hay elecciones en Guerrero; las actuales autoridades deberán dejar su cargo; las leyes establecen los procedimientos para nombrar sustitutos ante la ausencia de los electos en un proceso electoral constitucional; si creemos a los opositores a las elecciones, porque de ellas sólo surgen autoridades que responden a los intereses de los diversos grupos de poder que controlan precisamente el poder, entonces la mejor forma de derrotarlos es votar por quienes no están relacionados con ellos; de otra manera, esos grupos caciquiles seguirán manteniendo el poder.

La mayor asamblea democrática son las elecciones libres, en las que los votos se cuentan y cuentan. No hay de otra. El problema de la democracia, y esto es lo que nadie quiere entender, es que gana la mayoría, no los que piensan igual que uno. Es un riesgo y una ventaja. Así que la propuesta de evitar las elecciones en Guerrero, o en cualquier otra parte de la República, es ir contra la democracia en un país que necesita de la democracia. Lo otro es, en el mejor de los casos, demagogia y, en el peor, jugar en favor de las fichas del enemigo… por mucho dolor que se tenga. Las elecciones son la asamblea más numerosa y también la más libre, por la seguridad que ofrece a los votantes. Y son también una forma de pasar facturas a quienes deben su pago.

ES CUANTO