CIUDAD DE MÉXICO, 7 de mayo de 2016.- La falta de conocimiento de las leyes sobre derechos humanos, por parte de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) propicia que no puedan hacerlos totalmente efectivos, coincidieron los participantes del foro El reconocimiento del matrimonio igualitario, organizado por el Centro Nacional de Derechos Humanos (CENADEH) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Los especialistas plantearon como ejemplo el caso de los matrimonios igualitarios, donde uno de los contrayentes no puede brindar a su pareja los beneficios de seguridad social en materia de salud y vivienda.

Esa falta de conocimiento genera que ese sector de la población sea más vulnerable a ser estigmatizado, discriminado y excluido, desde el seno familiar hasta los ámbitos educativo, laboral, de salud, entre otros, afirmó Jaime López Vela, presidente de la Agenda LGBT, A.C.

Como consecuencia de dicha discriminación, destacó que esas personas están más expuestas a contraer el VIH Sida, al suicidio o ser víctimas de crímenes homofóbicos, haciéndolos más reactivos por el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo y los beneficios que ello implica, como una forma de protección familiar.

El especialista detalló que a pesar de que las personas LGBTI se pueden casar en cualquier parte del país, tras la resolución de jurisprudencia 43/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitida el 12 de junio de 2015, aún no se ha podido legalizar que los cónyuges accedan a todas las ventajas como la seguridad social del IMSS e ISSSTE y las instituciones sociales de vivienda como el INFONAVIT y FOVISSSTE.

En su oportunidad, Julio Martínez Rivas, asistente del Ministro José Ramón Cossío Díaz de la SCJN, comentó que con el sistema jurídico actual, no se puede reconocer en todo el país el matrimonio igualitario y la adopción de menores, por lo que se tienen que promover juicios de amparo y esperar las resoluciones.

“Para que exista un cambio, éste debe hacerse a través de la política y el Poder Legislativo, a fin de tener leyes más acordes con nuestra Constitución Política”, señaló Martínez Rivas, quien apuntó que en el aspecto normativo sólo la Ciudad de México, Coahuila, y Nayarit, han modificado sus códigos civiles y/o familiares para permitir el matrimonio igualitario.

Bajo este contexto, Jaime López Vela subrayó la necesidad de crear un mecanismo constitucional en materia de derechos humanos, que haga obligatorio que la resolución del Poder Judicial se extienda al resto del país; que el Poder Legislativo continúe exhortando a algunas entidades federativas a armonizar sus códigos civiles con la reforma Constitucional del 2011 que reconoce los derechos humanos y se reconozca el matrimonio igualitario, y que el Poder Ejecutivo implemente la educación formal sobre sexualidad a través de un programa social integral.

Sigue la nota aquí.