CHILPANCINGO, Gro., 23 de marzo de 2016.- Habitantes de las comunidades de Santa María Sur y El Barroso pertenecientes al municipio de San Miguel Totolapan, que en mayo del 2014 abandonaron sus hogares por amenazas de muerte por parte de la delincuencia organizada, hoy continúan viviendo en un hotel de la ciudad capital.

A casi dos años de que fueran desplazados por la violencia, los ciudadanos de estas dos comunidades situadas en la Tierra Caliente habitan en el hotel El Diplomático, de donde no pueden salir ni pueden ser visitados. Día y noche las entradas del hotel se encuentran resguardadas por policías estatales.

El 6 de junio de 2014, decenas de familias de Santa María Sur y El Barroso se desplazaron de sus viviendas de manera obligatoria por la inseguridad, recibieron amenazas de muerte por parte de la delincuencia organizada y optaron por dejar todo en sus pueblos: casas, terrenos, ganado, muebles y demás pertenencias.

El problema de inseguridad para los ciudadanos Santa María Sur y el Barroso se agravó a inicios de 2014, según notas periodísticas de Tierra Caliente, cuando por un camino de terracería que comunica con la comunidad de San Rafael fue encontrado el cuerpo sin vida de un individuo con un cuchillo enterrado en el pecho.

“Esto les va a pasar a todos los que apoyen a La Familia Michoacana”, decía una cartulina que estaba a un lado del cuerpo. Después del hallazgo comenzaron los asesinatos en las comunidades, motivo por el cual la gente decidió huir.

Las familias salieron con ayuda de soldados del 34 Batallón de Infantería quienes las resguardaron por la carretera de la Sierra de San Miguel Totolapan a la cabecera de Ajuchitlán del Progreso, y luego al municipio de Iguala.

Algunas se trasladaron al estado de Morelos a vivir con familiares mientras que otras se quedaron en Iguala.

En ese éxodo realizado hace casi dos años participaron 250 personas, entre niños, mujeres, adultos y ancianos de los dos pueblos, quienes fueron trasladados en vehículos particulares y en unidades que llevaban los militares y la Policía Estatal.

El entonces gobierno estatal encabezado por Ángel Aguirre Rivero decidió trasladarlos a las instalaciones del Instituto Nacional del Deporte y la Juventud en Chilpancingo, donde también había gente refugiada a consecuencia de los daños que dejaron las tormentas Manuel e Ingrid. 

Desde que salieron de sus pueblos el gobierno estatal no les ha cumplido con otorgarles un terreno para construir sus viviendas. Al inicio les prometieron un lugar de la Sierra pero hasta la fecha se desconoce dónde y cuándo pudieran ser reubicados.

Actualmente la entrada al hotel donde se encuentran las familias es restringida. El único comisionado para dar información era Eduardo Macedo Jaimes, comisario del pueblo de Santa María Sur, pero ahora ni él quiere informar sobre la situación.

“No sabemos qué pasará, debemos esperar. Sólo muertos regresaremos a nuestros pueblos”, dijo.