CHILPANCINGO, Gro., 11 de diciembre de 2013.- La confrontación interna entre el auditor Arturo Latabán López y los auditores especiales de la Auditoría General del Estado ha generado que no se dé cumplimiento a lo establecido en la Ley de Fiscalización del estado, que señala como plazo la segunda quincena de septiembre para entregar informe de resultados de la fiscalización de las cuentas públicas que conjuntan a todas las entidades públicas estatales y municipales, lo que no ha ocurrido, ya que la AGE, hasta la fecha no ha enviado al Congreso los resultados.

Ante ésta situación anómala, que pone en tela de duda la eficacia fiscalizadora de la Auditoría, el diputado Germán Farías Silvestre, presidente de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la propia AGE, advirtió que se está valorando sancionar, e incluso destituir a su titular, Arturo Latabán López, quien desarrolla una labor que vino a menos y cuyos resultados no son satisfactorios.

El legislador se pronunció en ese sentido, luego de presidir con los demás integrantes de la comisión, una reunión a puerta cerrada con el propio auditor Latabán López, quien en el último año ha mantenido en total hermetismo las acciones que supuestamente lleva a cabo esa dependencia del Congreso, a pesar de que existe un calendario legalmente establecido de acciones permanentes.

El diputado perredista lamentó que la institucionalidad de la AGE esté siendo erosionada por los problemas internos, pues evidentemente se paralizaron los trabajos de fiscalización y en consecuencia la vigilancia sobre la correcta aplicación de los recursos públicos que exigen los ciudadanos y agregó que lo más grave es que ha sido omisa pues no ha entregado informes sobre las cuentas públicas municipales.

Señaló que mientras Latabán López argumenta que los auditores especiales lo bloquean y no le permiten asumir su papel, a su vez los auditores piensan que son autónomos porque los nombró el Congreso. Lo que hay que recordar es que integran un órgano técnico y que, si son ineficientes y no cumplen con sus obligaciones elementales, el propio Congreso tiene facultades legales para sancionarlos e incluso destituirlos.