CHILPANCINGO, Gro., 27 de enero de 2015.- Padres y familiares de los normalistas desaparecidos y sus abogados ofrecieron una conferencia de prensa en la que rechazaron la versión que dio a conocer la Procuraduría General de la República (PGR) el martes 27 de enero sobre la investigación en torno al Caso Ayotzinapa, según la cual los estudiantes fueron asesinados, posteriormente calcinados y finalmente sus restos tirados en el Río san Juan.

Santiago Aguirre, abogado de Centro ProDH, enumeró diez razones por las que no se debe cerrar la investigación:

  1. No existe plena certeza científica sobre lo ocurrido en el basurero de Cocula. La PGR dio a conocer que su hipótesis se sostiene en varios dictámenes de química, biología y otros. Reconocidos científicos han expresado dudas sobre esta hipótesis, las familias no aceptarán esos resultados hasta que expertos independientes realicen esos mismos peritajes. Por ello, reiteran su confianza en el Equipo Argentino de Antropología Forense.
  2. La declaración de Felipe Rodríguez Salgado, contrario a lo señalado por la PGR, no es determinante para esclarecer lo ocurrido en Cocula, pues no declaró haber permanecido en ese lugar durante todo el tiempo que supuestamente duraron los hechos.
  3. La información dada a conocer por la PGR depende en exceso de declaraciones rendidas ante Ministerio Público, que fácilmente pudieron ser coaccionados, pues es de todos conocidos que en México la tortura es recurrente. Se ha hecho pública información sobre la tortura de algunos inculpados, sin que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) haya intervenido para aclarar estas denuncias.
  4. No hay una sola mención en la conferencia de la PGR sobre el esclarecimiento del asesinato de Julio César Mondragón Cortes, quien fue desollado el día del ataque por parte de policías en Iguala. Su esclarecimiento es esencial para esclarecer los hechos de la noche del 26 de septiembre.
  5. Continúan prófugos personas que, según su propia versión oficial, serían esenciales para entender lo que ocurrió: Felipe Flores Vázquez, ex director de Seguridad Pública de Iguala; el ex jefe de la Policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares; Gildardo López Astudillo, alias ‘El Gil’, y de Ángel Casarrubias, alias ‘El Mochomo’. Además de 11 de 15 personas a las que la PGR identificó como participes en los hechos del basurero de Cocula.
  6. La PGR no ha logrado que exista un sólo juicio penal iniciado por el delito de desaparición forzada de personas, siendo que esta es la figura jurídica adecuada para encuadrar los hechos. En tanto los juicios no se ventilen bajo las figuras legales pertinentes, no puede cerrarse el caso.
  7. Coexisten en el expediente dos versiones de los hechos contradictorias entre sí y que no han sido esclarecidas. Tiene que establecerse por qué inicialmente personas declararon que los estudiantes tendrían destino hacia los rumbos de Pueblo Viejo y cerro La Parota, versión que fue respaldada por la Fiscalía de Guerrero y que sigue en el expediente.
  8. No hay certeza legal de la muerte de los estudiantes, solamente hay una identificación ósea. Es un error jurídico decir que se ha consignado por homicidio, cuando en realidad de nuevo se consignó por secuestro con la agravante de privación de la vida, lo que técnicamente implica una diferencia relevante.
  9. No se ha indagado la responsabilidad del Ejército, pese a que contrario a lo que afirmó el Procurador, sí hay en el expediente indicios de su complicidad con la delincuencia organizada, pues el policía Salvador Bravo Bárcenas afirmó ante el Ministerio Público que el Ejército sabía desde 2013 que los Guerreros Unidos controlaban la policía de Cocula: las fuerzas Armadas no investigaron a dichos delincuentes, sino que les brindaron protección.
  10. No se han deslindado de responsabilidades sobre el entorno de corrupción política que desencadenó los hechos del 26 de septiembre. Está pendiente investigar a otros alcaldes, como el de Cocula, así como a otras autoridades del gobierno del estado de Guerrero.

Los padres y madres de los estudiantes repudiaron que, contrario a los compromisos firmados por Enrique Peña Nieto, el gobierno priorizó informar los avances del caso a los medios de comunicación antes que a las víctimas, situación que se acentuó en las últimas semanas.

Además, dado que las autoridades incumplieron también con la entrega de copias de todas las actuaciones de los expedientes, los familiares desconocían a profundidad la información ofrecida a los medios por la PGR.