CHILPANCINGO, Gro., 30 de marzo de 2014.- En un año con dos meses se capturaron a 311 presuntos secuestradores, de los cuales el 98.5 por ciento se encuentran sujetos a proceso penal y formalmente presos, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a través de un comunicado de prensa.

Derivado del trabajo realizado por la Fiscalía Especializada en la Investigación para el Combate del Secuestro de la PGJE, en este año 2014 se ha disminuido el número de casos en un 38 por ciento, ya que se tienen registrados un total de 25 secuestros y todos se encuentran bajo proceso de investigación ministerial y con un trabajo de logística, a cargo de un Grupo Táctico Antisecuestros certificado bajo estrictos estándares de certificación policial.

En este año, con dos meses, la PGJE ha respondido con una efectividad superior al 300 por ciento por lo que respecta a la desarticulación de bandas dedicadas al secuestro, respecto de los casos que se presentaron durante el 2012, donde sólo se lograron desarticular a 12 bandas.

Además se incrementó en un 296 por ciento la efectividad por lo que hace a la a la detención de probables responsables de este ilícito, tomando como referencia las detenciones acontecidas en el año 2012, donde sólo se llevaron a cabo 79 detenciones. De igual forma se han se han obtenido sentencias históricas de 60 años de prisión en contra de acusados por el delito de secuestro agravado.

Asimismo, se han desarticulado de 51 bandas delictivas dedicadas al delito de secuestro en las siete regiones de la entidad, destacando una que operaba desde hace más de 20 años en cinco estados de la República (Veracruz, Puebla, Morelos, Oaxaca y Guerrero) y la detención de los integrantes obedeció a un trabajo de inteligencia policial de muchos meses de colaboración y coordinación con las Procuradurías Generales de Justicia de esas entidades federativas

La Fiscalía General guerrerense destaca que la administración que encabeza el gobernador Ángel Aguirre Rivero ha dado resultados que marcan un hito histórico en el combate a este delito que ofende y lesiona sensiblemente el tejido social, vulnera la tranquilidad de los familiares de las víctimas y representa el peor de crimen para cualquier ser humano: ser privado de su libertad de manera ilegal.