En la impunidad, asesinato de Juventina Villa

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, Gro., 28 de noviembre de 2013.- A un año del asesinato de la ecologista Juventina Villa Mojica y de su hijo de 11 años, Reynaldo Santana Villa, el crimen prevalece en la impunidad.

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, y el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), se unieron para exigir justicia en el caso.

Demandaron que los responsables paguen por el crimen, la reparación integral del daño, garantías de no repetición y medidas de satisfacción para todas las familias de los desplazados forzosos internos, que han sido víctimas del delito, del abuso del poder y de la omisión de las autoridades.

El presidente del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández recordó que el 28 de noviembre del 2012, Juventina fue ejecutada en la comunidad de Las Ollas, en Coyuca de Catalán.

Subrayó que la ecologista se refugiaba junto a otras familias porque los pistoleros ya habían matado a varios integrantes de su familia, por el trabajo en defensa de los bosques que habían desempeñado en la comunidad de La Laguna, de ese mismo municipio de la Tierra Caliente.

Olivares Hernández dijo que Juventina recibió amenazas días antes de que la asesinaran, por lo que en su momento pidió al ex secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, que cumpliera con los compromisos hechos días antes para llevar a cabo un desplazamiento forzado con resguardo militar y del gobierno del estado.

“Juventina sufrió al sobrevivir a la muerte de su esposo Rubén Santana Alonso, de sus hijos Sergio, Joel y Reynaldo a quien ejecutaron en su presencia momentos antes de matarla a ella”, expresó Olivares Hernández.

En la comunidad de La Laguna, de donde fue originaria Juventina, desparecieron tres jóvenes en el 2005 y mataron a 27 personas entre el 2004 y 2012. También ocurrió el desplazamiento forzoso de los habitantes durante un año siete meses.

De acuerdo a las organizaciones sociales, existe negligencia de las autoridades para resolver los crímenes.