MÉXICO, DF, 4 de noviembre de 2014.- La Comisión Especial de seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, concluyó en un informe preliminar que el Estado cometió “errores garrafales” en las primeras 72 horas al no actuar puntualmente como lo establecen los protocolos internacionales de organismos de derechos humanos.

En sesión ordinaria de este martes, el Salón de Pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro abordó en Agenda Política el informe de las acciones desarrolladas por el órgano legislativo que coadyuva en las investigaciones del caso Iguala, en el cual el presidente de la comisión Guillermo Anaya Llamas señaló que el caso presenta tres elementos básicos de una desaparición forzada.

La primera, “la privación de la libertad, el no saber dónde están los jóvenes; que la privación de la libertad haya sido hecha por particulares o por la autoridad, en este caso los policías municipales y la negación del paradero hasta el día de hoy de los jóvenes”, mencionó el diputado del PAN al fundamentar el resumen de actividades.

El panista aseguró que la comisión hasta el momento se ha caracterizado por estar alejado de tintes políticos y buscar la justicia y el desenvolvimiento de la verdad ante hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.

De acuerdo a estándares internacionales, la instancia legislativa determinó una ausencia de estándar nacional homologado desde los puntos de vista penal y pericial para realizar un seguimiento estricto de protocolos de búsqueda y localización de personas.

Anaya Llamas pidió que las investigaciones deben desahogarse en un plazo razonable, pero añadió “tampoco pedimos de una solución rápida y a contentillo en detrimento de la verdad de los hechos”.

Con respecto a la captura de esta madrugada del ex presidente municipal de Iguala José Luis Abarca y su esposa, Ángeles Pineda, señalados como autores intelectuales de los hechos, dijo que permite confiar en tener nuevos datos que aporten a localizar a los jóvenes. Pero “también pueden aportar datos que lleven a las autoridades a ejercer acción penal contra sus cómplices, aun si estos se encuentran enquistados en el gobierno”.

Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, la diputada de Nueva Alianza Sonia Rincón Chanona retomó que al día de hoy hay más de 62 individuos detenidos e inmiscuidos en los hechos, “faltaban estas personas (José Luis Abarca y Ángeles Pineda) que tienen mucha información que proporcionar, sobre todo lo más importante es el paradero de los 43 jóvenes desaparecidos.”

Por su parte, desde tribuna la diputada del PT Lilia Aguilar Gil criticó el retraso en la intervención los gobiernos y resumió el informe en “43 desaparecidos, 6 muertos. El gobierno del estado no intervino a pesar de haber tenido conocimiento desde las seis de la tarde de que había iniciado la visita de los estudiantes.”

Reprendió que el Ejército tampoco intervino durante las “72 horas que son claves para la búsqueda de personas.”

“Un sistema de búsqueda de personas completamente débil, desestructurado y no productivo. No sabemos el móvil de la desaparición. La criminalización de los jóvenes, la idea de la desaparición de las normales rurales y simplemente una evidente desestructuración del gobierno en su conjunto frente a una crisis de derechos humanos”, expresó ante la asamblea.

Sobre los hallazgos de las fosas clandestinas, Aguilar Gil aseveró que “pareciera que no son personas porque en el momento en que se descartan que tienen que ver con este caso, simplemente se echan a un lado y entonces el Estado mexicano específicamente la PGR no se ha hecho la pregunta, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Por qué están ahí?”

La diputada petista dejó advertida la pregunta “¿hasta dónde está metido el crimen organizado?”