TLAPA, Gro., 13 de agosto de 2014.- Saira Rodríguez Salgado, hija de Nestora Salgado García, detenida por efectivos castrenses y recluida en un penal federal en Tepic, Nayarit, desde hace casi un año, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para su madre.

Salgado García es acusada del secuestro de 59 personas y de delicuencia organizada en la modalidad de secuestros, aunque se desempeñaba como integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC) en Olinalá y varias de las presuntas víctimas estaban en un proceso de reeducación dictaminado por la casa de justicia de El Paraíso sin que tuvieran que ver con el actuar de Salgado García. El juez de distrito ordenó la liberación inmediata de Nestora Salgado, en aplicación de la ley 701, de la Constitución Mexicana y de los tratados internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas, reconociendo las labores de Nestora Salgado como actos de autoridad pública.

La CIDH escuchó a organizaciones sociales y sociedad civil quienes presentaron información en temas prioritarios en materia de derechos humanos en México, así como datos específicos respecto a las áreas temáticas de las relatorías y unidades de la CIDH en el marco del 152 periodo extraordinario de sesiones.

En el espacio destinado a la situación de personas privadas de la libertad, Rodríguez Salgado imploró a la Comisión revisar la situación en la que se encuentra la líder comunitaria a quien se mantiene en un régimen de aislamiento, siendo escuchada en reunión conjunta por el comisionado James Cavalero y Catalina Botero Marino, relatora especial de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos.

En entrevista, Thomas Antkowiak, director de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la facultad de la Universidad de Seattle, Alejandra Gonza y Ricardo Lagunes Gasca, quienes representan a la familia ante
organismos internacionales, señalaron que ya se ha documentado y acreditado exhaustivamente ante CIDH la situación de emergencia gravedad y el riesgo inminente de daño irreparable los derechos a la libertad, vida,
integridad, debido proceso, libertad de expresión y protección a la familia en la que se encuentra Nestora Salgado.

En tanto, abogados esperan el pronunciamiento de los tribunales de Guerrero respecto a las acusaciones contra la líder comunitaria de Olinalá, las medidas cautelares podrían responder de forma inmediata a las condiciones ante la indefensión que persisten en una persona que debe ser presumida inocente como son el deterioro de salud física y mental por las inaceptables condiciones de detención, la falta de tratamiento médico adecuado a, entre otros, la neuropatía severa que padece a causa de un accidente, un régimen de aislamiento de 24 horas, así como la restricciones incomprensibles a su familia y abogados por las dificultades para que Salgado García acceda a visitas legales y familiares (apenas la semana
pasada un abogado pudo hablar con ella una hora).

La búsqueda de medidas cautelares ante la CIDH permitiría que sin pronunciarse sobre el caso de fondo, la Comisión pudiera proteger los derechos humanos de Salgado García, luego de que su detención y proceso están plagados de irregularidades, indicó la Clínica.

Desde la detención ilegal efectuada por militares se ha solicitado su liberación inmediata y se ha denunciado la criminalización de líderes comunitarios a través de la fabricación de causas, la falta de revisión por un juez competente sobre la legalidad de su detención, la falta de elementos que fundamenten la prisión preventiva, la falta de una base legal que fundamente su estancia en la prisión de Nayarit, la necesidad de que tenga tiempo suficiente en las visitas de sus abogados. Incluso se ha requerido su traslado inmediato a la Ciudad de México, en donde pueda tener acceso inmediato a una atención médica adecuada en condiciones de seguridad, son algunos de los puntos destacados en el caso de la mujer detenida el 21 de agosto pasado.

En el marco de este proceso cautelar, la CIDH ya se encuentra monitoreando el caso y solicitó al Estado Mexicano, información formal sobre la situación de Salgado García. En este contexto se logró acreditar,
entre otros, que ya ha registrado una pérdida de movimiento en los brazos. Los servicios consulares de Estados Unidos de Norteamerica llegaron en distintas oportunidades a Nayarit, al tener la mujer de Olinalá la
ciudadanía estadunidense, permitieron saber que en un regimen inaceptable
de condiciones de detención cuyos daños son irreparables. La líder comunitaria sufre afectaciones graves a su salud física y mental, a causa de la desatención del tratamiento de una operación en la espalda que le
están dejando secuelas y los efectos propios de un confinamiento en situación de aislamiento.

La Clínica reiteró que es fundamental que se concrete los acuerdos discutidos en una mesa de negociación entre diputados federales y el gobierno de Guerrero para que Salgado García sea liberada. Salgado García cumplirá un año en prisión preventiva en un penal de máxima seguridad, procesada sin ser condenada, lo cual no está justificado en el Derecho internacional. La prisión preventiva es una medida que debe ser
excepcional y el juez debe adoptar, en principio, siempre medidas menos lesivas al derecho a la libertad personal, respetando la presunción de inocencia. Jamás una prisión preventiva puede estar basada únicamente en la gravedad de un delito.

En las reuniones convocadas por la CIDH, en la mesa de Libertad de Expresión y Defensoras y defensores de derechos humanos también participaron organizaciones de Guerrero como Afadem o el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

El abogado Vidulfo Rosales Sierra por parte de Tlachinollan dejó constancia del sistema de represión en Guerrero contra defensores de derechos humanos, el asesinato en 2011 de dos estudiantes de Ayotzinapa cuyo crimen permanece en impunidad, así como las decenas de actos de detención arbitraria ocurridos en 2013 incluidos los traslados inmediatos a cárceles de mediana y máxima seguridad de los 4 de Guerrero, líderes comunitarios en el estado, a través de expedientes armados con rapidez sin derecho a una defensa adecuada.

Rosales Sierra remarcó el caso de Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder afromexicano torturado y enviado a Nayarit desatendiendo un amparo para impedir su traslado.

En otros casos presentados, estaba el de Eva Lucero, defensora de derechos humanos en la Costa Chica de Oaxaca quien denunció la represión política que sufrió luego de un intento de asesinato en su contra en Pinotepa Nacional. A cinco días de los hechos, el 25 de agosto, 300 efectivos revisaron domicilios y sacaron de su casa a su esposo, golpeándolo así como a su hijo de 10 años. A su esposo lo mantuvieron incomunicado 36 horas y fue enviado a Coyotepec donde aun permanece.

Lo anterior ocurrió en el contexto de reuniones con el gobernador Gabino Cué, quien prometió entregar claves de escuelas y electrificación, el esposo de Lucero fue acusado de secuestro y otros delitos.

Dentro de las participaciones que tenían una duración programada de dos minutos, Asilegal, en el tema de los derechos de las personas privadas de la libertad, alertó acerca de la privatización de centros penitenciarios que desde 2008 se promueve con el capital privado, excusando la ampliación de centros penitenciarios principalmente en estados como Sonora, Guanajuato y Oaxaca donde existen contratos de hasta 20 años que exigen una taza de ocupación garantizada para los inversión privada que tendrá un claro fin de lucro.

Por su parte, otra organización de Nuevo León remarcó la problemática que existe en los centros penitenciarios de dicha entidad en los que actualmente hay dos epidemias y donde además se niegan actividades de readaptación, no hay escuela. Otra situación peor ocurre en las Islas Marías donde para los familiares es prácticamente imposible visitar a sus parientes. En otros datos, según encuestas de la organización, 76 por ciento de los adolescentes en conflicto con la ley señalaron que sufrieron tortura e incluso dieron detalles.

En su turno, la Comisión Mesoamericana de Abogados remarcó el uso de cárceles clandestinas y el actuar opaco de la SIEDO, así como el empleo de torturas sin dejar lesiones visibles, violando estándares internacionales, además, señalaron que el gobierno federal no tiene una base de datos de las personas ingresadas en institutos públicos o privados de siquiatría.

Entre las diversas participaciones se expuso la problemática persistente de la desaparición de mujeres en Ciudad Juárez, la falta de búsqueda de personas, por ejemplo, en Chihuahua donde existe un registro de mil 343 personas desaparecidas sin que exista una investigación, la mala aplicación de la Ley general sobre desaparición forzada, entre otros temas.

Según datos de organizaciones, hubo un registro de 13 mil 151 desaparecidos en el periodo de Felipe Calderón Hinojosa, y en lo que va del periodo de Peña Nieto suman más de 7 mil.