LECTURA POLÍTICA

Ediles del PRD y PRI; en la encrucijada

Los últimos hechos son perturbadores: mientras a varios ediles del PRD, la delincuencia organizada parece traerlos de bajada, a los del PRI también les ha llovido fuerte en su milpita. Pero no con la misma intensidad que a los amarillos.

Basta con asomarse a los últimos acontecimientos para entender la extraña forma en que están ocurriendo las cosas.

 Y cómo a pesar de los ruidosos operativos policiacos, así como las reuniones mediáticas y acuerdos rimbombantes entre autoridades estatales y federales, los hechos violentos y de sangre no disminuyen.

EDILES EN LA MIRA.- Si se observa bien, desde antes y después de tomar posesión como alcaldes, cuatro perredistas se toparon de frente con las amenazas, las presiones y la violencia de la delincuencia organizada.

 Y otros tres priístas, reciben sus mensajes y los muertos. Hay que pulsar los hechos:

1.-Desde antes de tomar protesta como edil del municipio de San Miguel Totolapan, el perredista Juan Mendoza Acosta, fue exhibido en un video subido a la red social YouTube, tomando – en su doble acepción: etílica y de entendimientos-,acuerdos con miembros de un grupo delictivo, quienes le recordaban reiteradamente, los compromisos contraídos.

Vino después el edil perredista de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, a quien la violencia del crimen organizado, lo tiene estresado y sin reposo. Orillado a pactar con el estado y la federación tricolores, a fin de contener un poco la ola delictiva que desde su toma de protesta, lo tiene pegado contra la pared. Y que ya le costó la vida a uno de sus funcionarios.

En la lista apareció el edil del PRD que gobierna el municipio de Cocula, Erik Ulises Ramírez Crespo, quien fue agarrado infraganti, departiendo una suculenta comida, con uno de los líderes de Guerreros Unidos: Adán Zenén Casarrubias Salgado.

El alcalde, de acuerdo a su propia versión, creyó que se trataba de un empresario que llevaría inversiones a su municipio. Después de estar arraigado durante 40 días, la Seido lo puso en libertad bajo la consabida cantaleta de “la falta de pruebas”.

Finalmente, apareció el alcalde perredista de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, quien denunció extorsiones por 3 millones de pesos mensuales por parte de un grupo delictivo. Y obligó al ruidoso despliegue mediático de policías federales y Gendarmería por ese municipio calentano. Hasta el Comisionado de Seguridad Pública Federal,  Renato Sales, asistió al relanzamiento del Operativo Tierra Caliente.

 Pero apenas ayer martes, circuló una grabación por las redes sociales, en la que ese presunto grupo delictivo, le recuerda compromisos tendidos con anticipación. El escándalo no cesa para algunos alcaldes perredistas. La polémica los inocula.

2.-Pero otros del PRI también están en crisis.  El de Chilapa, Jesús Parra García, no ha podido contener la racha delictiva heredada por su antecesor, el polémico Francisco Javier García González. Los muertos y ejecutados aparecen cotidianamente por ese municipio. Lo mismo ocurre con el de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, cuyas calles se convirtieron en tiradero de cadáveres. Y de ejecuciones a plena luz del día.

Con otro ingrediente más: los mensajes de los grupos delictivos que se disputan la plaza, se reflejan con la proliferación de las narcomantas que aparecen colgadas de los puentes peatonales. Leyva Mena aparece maniatado e impasible ante el delito que lo rebasa cada vez más.

Por su parte, el edil priísta de Iguala, Esteban Albarrán Mendoza, se queja en el sentido de que “los medios magnifican los hechos criminales”. Con ello refrenda no solo su incapacidad para combatir el hampa, sino su desprecio por la vida. Así, la delincuencia organizada mantiene en jaque, tanto a ediles del PRI, como del PRD. Y ello, pese a los ruidosos apoyos de la federación y del estado, que siguen reñidos con los resultados.

HOJEADAS DE PÁGINAS…Mientras el gobernador Héctor Astudillo, tuvo que asistir al Distrito Federal para dar a conocer “el pulso” de la delincuencia aquí y celebraba que en Acapulco, los delitos se daban en colonias “desde donde no se mira el mar”, además de augurar escenarios optimistas para el futuro inmediato; en el municipio de Apaxtla hay 17 desaparecidos. Y en una barranca del municipio de Chichihualco, aparecieron 19 cuerpos que estaban enterrados. Está claro: ni policías ni discursos gubernamentales para las élites, contienen la ola delictiva.