CHILPANCINGO, Gro., 9 de diciembre de 2013.- Cuando el pasado ocho de noviembre el presidente Enrique Peña Nieto visitó por onceava ocasión el estado para encabezar el inicio del Plan Nuevo Guerrero, dentro de todas las acciones de infraestructura que anunció en su discurso, incluyó “la construcción de un proyecto hidroeléctrico en el Río Papagayo”, del que no mencionó por su nombre, pero todos los presentes supieron que se refería a la presa La Parota.

Incluido desde hace casi treinta años en el inventario a futuro de generación de energía eléctrica que el país requiere para su desarrollo en éste siglo, la hidroeléctrica de La Parota ahora sí es una verdadera prioridad para el gobierno federal, que incluso lo considera tema de seguridad nacional, pues se requiere de su realización para dar sustentabilidad a la actividad económica de buena parte del centro y sureste del país.

El asunto, sin embargo, es manejado con reserva a nivel oficial debido a la oposición al proyecto por parte de un grupo de personas, que no son en su mayoría legítimos comuneros,  integrados en el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), organismo muy mermado y desgastado a través de los años y cuya fuerza ya es más bien mediática, con el apoyo de activistas del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Los primeros estudios para llevar a cabo el proyecto, fueron realizados desde 1976 por la Comisión Federal de Electricidad, mismos que posteriormente han tenido seguimiento por la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional del Agua. A lo largo de 25 años esos estudios se han ido perfeccionando para contar ahora con la información depurada y puntual de una obra que por su magnitud, será uno de las acciones de ingeniería civil más importantes en la historia del país por sus características físicas, independientemente de su trascendencia económica y social.

A pesar de su importancia, La Parota ha enfrentado muchos problemas para nacer. El primer tropezón fue en 2001 cuando siendo gobernador René Juárez Cisneros, la Comisión Federal de Electricidad da a conocer el proyecto oficialmente, pero ejecuta una muy descuidada socialización del tema y posteriormente comete el error de omitir el monto de indemnización que por hectárea necesariamente se deberá pagar a los comuneros afectados, que es la única bandera enarbolada hasta la fecha por el pequeño grupo opositor.

En contraparte, los beneficios que dejará la obra son numerosos. Con una cortina que medirá más de 180 metros de altura, un embalse que cubrirá 14 mil hectáreas, incluyendo terrenos de 19 pueblos pertenecientes a los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Juan R. Escudero, Tlacoapa y San Marcos, representará una inversión, con recursos disponibles desde hace años en el Banco Mundial, superior a los mil 500 millones de dólares,  equivalentes a la mitad del presupuesto anual del estado.

Independientemente de la inversión y de la generación de cinco mil empleos directos y otros cinco mil indirectos, la presa garantizaría el abasto de agua para Acapulco en los siguientes cincuenta años; resolvería el mismo problema en Chilpancingo, donde las actuales fuentes de abastecimiento se agotarán en menos de una década y evitaría las inundaciones recurrentes en la zona de Punta Diamante en el puerto.

Para Evencio Romero Sotelo, actual diputado local y promotor del proyecto, en la reciente contingencia climatológica que devastó casi todas las regiones del estado, de haberse construido ya, la presa hubiera evitado la destrucción de cincuenta pueblos ribereños y los cuantiosos daños sufridos en Acapulco. Recordó que “evitar con La Parota un desastre de ésta magnitud está prevista en los estudios con base científica que expertos en meteorología llevaron a cabo, quienes advirtieron que fenómenos similares se presentan de manera cíclica, cada cincuenta años más o menos, tal como acabamos de confirmar”.

Para Romero Sotelo el proyecto contiene perjuicios mínimos y grandes beneficios. Todos los estudios de impacto ambiental, incluso los que elaboraron tanto el Programa Universitario de Medio Ambiente (PUMA) de la UNAM, como la Universidad Autónoma de Guerrero, afirma, acusan su viabilidad y sustentabilidad, desde el punto de vista de protección al entorno. Agregó que cualquier comunero con sentido común preferiría tener tierras con sistema de riego con agua proveniente de la presa que hectáreas cerriles totalmente improductivas como ahora.

Adicionalmente a la inversión, se incluyen proyectos colaterales como desarrollos ecoturísticos, actividades de acuacultura y pesca, así como la práctica de deportes acuáticos.

Lamentó el diputado Romero Sotelo que todo esto esté detenido por “la mezquindad y necedad de un pequeño grupo que no promueve otra cosa sino mantener en la miseria y sin oportunidades a unas 40 mil personas”. Señaló que La Parota cuenta con el respaldo de 18 de los 19 pueblos que afectará el embalse; la excepción es Cacahuatepec, donde una minoría encabezada por Marco Antonion Suástegui Muñoz ha desarrollado una férrea oposición con acciones que incluso han llegado al terreno de lo delictivo.

Agrupados en la CECOP han ejecutado un activismo extremista con la tutela de organismos como el Centro Tlachinollan y otros grupos radicales. “Argumentan falazmente que la presa sería un peligro porque puede reventar, lo que no tiene sustento porque hasta ahora todas las presas construídas durante décadas en el país por la CFE operan sin riesgos y con toda normalidad”, señaló el legislador.

Lo cierto es que hasta ahora, después de 25 años y de varios gobiernos federales y estatales, La Parota sigue en proyecto, miles de familias que viven en las riberas del río Papagayo continúan en la miseria, esperando una oportunidad para evitar que sus hijos terminen emigrando a Estados Unidos o en el peor de los casos, reclutados por las bandas del crimen organizado que pululan en la región.