Urgen al gobernador detener ataques contra luchadores sociales

TLAPA, Gro., 9 de diciembre de 2013.- 97 Organizaciones internacionales y nacionales de la sociedad civil, externaron al gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero su urgente preocupación debido a la situación crítica que enfrentan personas defensoras de derechos humanos.

También, demandan que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE) lleve a cabo investigaciones eficientes en los casos de agresiones y asesinatos de activistas y defensoras de derechos humanos.

Las organizaciones denuncian que Guerrero vive en una permanente impunidad en casos de agresiones y asesinatos de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos.

Citando ejemplos, el texto recuerda de 2011 la desaparición forzada de los campesinos ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista; o los asesinatos de dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa por parte de fuerzas de seguridad del Estado, ocurridos el 12 de diciembre.

Los homicidios en 2012 de Fabiola Osorio Bernáldez, Juventina Villa Mojica, mujeres ecologistas defensoras de derechos humanos ocurridos en la entidad, señalada como una de las más peligrosas para periodistas, activistas, y defensores por instancias como la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

Este año, se perpetró la desaparición y posterior asesinato de tres integrantes de la organización Unidad Popular en Iguala, el asesinato de Raymundo Velazquez Flores, integrante de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ); de Rocío Mesino Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS); de Luis Olivares Enríquez, líder de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG); y de Ana Lilia Gatica Rómula.

El documento contrasta la impunidad que impera en la mayoría de estos casos con el expedito encarcelamiento y “el uso desmesurado de traslados a penales de alta seguridad, de personas promotoras de los sistemas de seguridad y justicia de los pueblos indígenas”, como ocurrió con Nestora Salgado,  Gonzalo Molina, integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Policía Comunitaria adscrita a la casa de justicia de El Paraíso en Ayutla de los Libres.

97 organizaciones internacionales y nacionales se unieron a la demanda de organizaciones civiles en su campaña de 12 Días por la Defensa de Nuestra Vida y Nuestra Libertad que demanda la liberación de policías comunitarios y líderes comunitarios que permanecen encarcelados.