Ya casi tiene un mes de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, y aun no hay ni rastros de ellos. La PGR determino ayer, que los responsables directos eran el Alcalde prófugo, José Luís Abarca, su distinguida esposa y primera narcodama del ayuntamiento y el jefe de la policía igualteca, hasta ese fatídico 26 de septiembre. Con esto deslindan en parte la responsabilidad que pueda tener el Gobernador Aguirre Rivero, para tener una salida más decorosa.

Analizando datos duros en materia de seguridad, tenemos que en todas las mediciones México ocupa un lugar vergonzoso en cuanto a la vigencia del Estado de derecho, la corrupción y la impunidad. Esta situación le cuesta al país en términos de su imagen en el exterior y en inversiones. Pero sobre todo le cuesta a los ciudadanos en su seguridad física y patrimonial. Según la última Encuesta Nacional de Victimización, en 2013 se cometieron 33 millones de delitos, el costo económico de la inseguridad fue de 213 mil millones de pesos y los hogares mexicanos invirtieron 14% de su ingreso en actos de corrupción. Le cuesta también en vidas: más de 18 mil homicidios dolosos en 2013 y miles de desaparecidos.

En materia económica, Guerrero está a un tris de caer al último lugar de desarrollo. Y que ese estado, el PRD lleva una década gobernado por un partido distinto a los que han detentado la Presidencia en los últimos 85 años. Guerrero es hoy —igual que lo era Chiapas hace 20 años— el resultado de malas decisiones económicas.

Y aunque Chiapas sigue teniendo el Producto Interno Bruto per cápita más bajo del país (48 mil 632 pesos anuales), el de Guerrero ya no está muy lejos (54 mil 738 pesos anuales). Mientras el PIB de Chiapas pasó de 195 mil millones de pesos en 2005 a 233 mil millones de pesos en 2012 (a precios constantes de 2008, un incremento de 19.6%), el de Guerrero pasó, en el mismo lapso, 163 mil 946 millones de pesos a 185 mil 496 (un incremento de 13.1%).

En 2012, el ingreso promedio de los guerrerenses era de apenas 47.6% del ingreso promedio de los mexicanos. De acuerdo con los Semáforos Estatales, del observatorio económico México ¿Cómo Vamos?, siete de diez indicadores de Guerrero están en rojo, dos en amarillo y uno en verde. Por ejemplo, el crecimiento económico del estado fue 1.4% en enero-marzo de 2014 comparado con el mismo periodo de 2013, según el último reporte de Indicadores, publicados por el INEGI. En cambio, Chiapas creció 5.2 por ciento.

Los activistas de la normal de Ayotzinapa, en Guerrero, son indefendibles: han hecho de la violencia y la provocación una forma de vida y las agresiones que han generado son innumerables: robo de camiones de carga y de pasajeros, incluyendo el despojo de los bienes de unos y otros; toma de gasolineras, de tiendas y supermercados, portación ostensible de armas; mal uso de recursos públicos; las normales rurales como escuelas de militantes de todo tipo de grupos porriles y radicales. La gama de delitos que han cometido es larga y de vieja data.

La inoperancia y corrupción de la policía, municipal y estatal en Guerrero, es tan célebre como provocadora la actividad de los normalistas de Ayotzinapa. En Guerrero se suceden los crímenes más violentos, muchos de alto significado político y casi nunca hemos visto un caso resuelto por las fuerzas locales. En realidad, de una u otra forma, son éstas las que terminan estando involucradas en los mismos. Todo eso no podría ser una realidad si no fuera porque las autoridades terminan siendo parte de todo ese esquema de corrupción, inseguridad y clientelismo político. Y como siempre sucede en ese tipo de situaciones, como los acuerdos se dan con base en la fuerza, lo que se dispara es la violencia más irracional.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno y sus ministerios y agencias lo mismo que el PRD y la CNDH han sido omisas y, como tales, cómplices. Cada una de estas instituciones tiene responsabilidad en el caso de Ayotzinapa como antes lo tuvieron otros en Tlatlaya. Con un agravante. Si ocasionalmente algún funcionario cae por los delitos tipificados en el Código Penal, ninguno lo hace por el delito de omisión.

Ayotzinapa es un caso más en el que la omisión se convierte en complicidad. En el que se promete que se hará justicia. En el que se condenan los vacíos de poder, la debilidad institucional y los nexos con el crimen. En el que se forman comisiones legislativas y se envían visitadores. En el que se refuerza la seguridad y se justifica la intervención federal cuando casi todo está perdido. En lugar de todo esto, ¿no podrían prometer algo más simple y más útil como investigar y castigar a los políticos y servidores públicos que tengan vínculos con el crimen organizado, que se hayan enriquecido de la noche a la mañana, que se relacionen con la escandalosa impunidad que priva en el país y en Guerrero.

ES CUANTO