CHILPANCINGO, Gro., 18 de septiembre de 2014.- Los servidores públicos que incurran en algún delito haciendo mal uso de recursos económicos, serán sancionados con la destitución e inhabilitados por 10 años para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier cargo público.

Así lo señala la Constitución Política del Estado, después de ser reformada por la 60 Legislatura con el propósito de fincar responsabilidades a las personas que están en la administración pública y que cometan actos u omisiones que afecten el patrimonio del estado o de los municipios.

De acuerdo a un comunicado, emitido por la legislatura local, en la nueva Constitución se señala que los servidores públicos en materia de responsabilidad política, penal, administrativa y civil, serán sancionados cuando incurran en una violación grave a los planes, programas y presupuesto de la administración pública federal, estatal o municipal.

También serán sancionados cuando ataquen o alteren a las instituciones democráticas, a la libertad, usurpación de atribuciones o abandono del cargo que se encuentre desempeñando en las instituciones públicas.

Se destaca que además de los diputados del congreso local, también serán sujetos de responsabilidad política el gobernador del estado, secretarios de despacho, el contralor del estado, los presidentes, síndicos y regidores de los ayuntamientos, así como los titulares de las dependencias, entidades u organismos de la administración pública estatal o municipal.

Cabe mencionar que la responsabilidad política se continúa mediante el juicio político ante la Comisión Instructora del congreso del estado y en caso de que la resolución sea absolutoria a favor del acusado este continuará en funciones de su cargo público.