La era de la Guardia Nacional

Para el Cisen, Guerrero fue considerado como un asunto de seguridad nacional. No sólo la existencia de grupos guerrilleros, sino las condiciones de polarización de riqueza, la precariedad del estado de derecho y la violencia como recursos comunes para resolver las diferencias, hacían factible brotes sociales amenazando la estabilidad política

Hoy Guerrero es un polvorín, el problema de ingobernabilidad por el que atraviesa el estado es más que el tema Ayotzinapa, se trata de la presencia de la delincuencia organizada, la penetración de esta en las estructuras policiales estatales, federales y municipales, la corrupción de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno que hacen de las finanzas públicas un botín, y por lo mismo la crisis financiera del gobierno estatal y municipales por mencionar sólo los más visibles.

No dejan de estar presentes todos los problemas históricos relacionados con la pobreza y la marginación, el cacicazgo, la rebeldía de sus habitantes a esos poderes formales e informales que les han impedido tener oportunidades reales de bienestar y desarrollo.

Guerrero padece de la debilidad institucional por la inoperancia de los poderes públicos, como el Judicial, en el que se mantiene latente la inconformidad de sus trabajadores, así como los del gobierno del estado; más la inoperancia de los gobiernos municipales.

Indudablemente Guerrero, será parte del actuar la Guardia Nacional y esta cuarta fuerza armada tiene facultades para investigar a nivel ministerial, realizar inteligencia, hacer operaciones encubiertas, intervenir servicios de telecomunicaciones, cuidar penales, detener migrantes, vigilar caminos, carreteras, puentes, aduanas, garitas, aeropuertos e incluso la red pública de internet.

Podrá responder con fuerza letal cuando un sujeto o un grupo de personas los amenacen con medios que también impliquen una amenaza letal.

Este tipo de fuerza no podrá ser usado en un bloqueo de calles o sobre una manifestación social pacífica.

El comandante de la Guardia Nacional es Luis Rodríguez Bucio, general en proceso de retiro que ha sido pieza clave en la integración de las fuerzas armadas mexicanas a los mecanismos de cooperación en defensa y seguridad hemisférica.

Al momento de su designación era presidente de la Junta Interamericana de Defensa (JID). Se capacitó en Fort Gullick y tiene conocimiento y destreza en el combate al narcotráfico y grupos armados, y en otro momento fue agregado militar en Alemania.

En diferentes momentos las autoridades municipales y estatales han afirmado que esta cuarta fuerza armada ya está actuando de facto en esta entidad suriana.

Curiosamente el 21 de marzo, integrantes del Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG), de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRARC-PC) de San Luis Acatlán y el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) anunciaron este jueves una alianza para institucionalizar la paz y luchar juntos para que la Guardia Nacional no llegue a los territorios donde los autodefensas tienen presencia.

Es apremiante entender o aceptar que Guerrero es un asunto de Seguridad Nacional y como tal dar tratamiento con políticas que generen seguridad al estado mexicano a partir de la generación de condiciones de desarrollo, legalidad, justicia, democráticas y seguridad.

Gobernar tradicionalmente, a limitándose a solo administrar la función pública o ejercer el poder, sólo abonará al crecimiento del problema, se requiere implementar estrategias, acciones y objetivos distintos. En el primer trimestre se registraron oficialmente más de 7 mil homicidios y 2019 se perfila como el año más violento en cuatro sexenios, lo cual da una idea de las dimensiones del problema de seguridad, donde las autollamadas policías comunitarias y autodefensas constituyen un foco particular.

La decisión de López obrador al designar un mando militar en la Guardia Nacional revela que ante la guerra interna y el debilitamiento de las instituciones, apuesta por una opción militar contra la violencia y el crimen que heredó de los gobiernos anteriores.

La decisión tiene costos políticos. De entrada la impugnación de grupos sociales que se consideran engañados por el presidente. La otra, la peor, es que el actual gobierno pierda de vista que la respuesta militar debe ser transitoria y no permanente.

Ninguna guerra se hace con agua de rosas, diría la abuela.