Canal privado/Arturo Solís Heredia

Un as bajo la manga de México

“México advierte de que reducirá la cooperación en seguridad y migración si Trump rompe el TLC”, decía la cabeza de una nota El País digital, el pasado 12 de noviembre.

“Tómala”, susurré en cuanto la leí, con el tono socarrón y el ánimo reivindicatorio que obliga la expresión popular. Ya era hora de que el gobierno mexicano respondiera con mayor determinación la hostilidad gringa, en la mesa de negociación del Tratado de Libre Comercio.

Porque hasta ahora, las delegaciones mexicana y canadiense consideran “inaceptables” las tres propuestas centrales de Estados Unidos: aumento del contenido regional (el porcentaje de insumos mínimo producido en uno de los tres países), la fijación de un mínimo nacional en la industria automotriz, y el fin automático del tratado a cinco años.

Tanto, que “fuentes cercanas a las conversaciones han llegado a calificar estas ideas de ‘bombas nucleares’ lanzadas sobre el corazón mismo de la renegociación”, reveló el diario español.

Por eso la advertencia de Luis Videgaray me agradó, por justa e inversamente proporcional. “Es bueno cooperar en seguridad, migración y otros asuntos”, subrayó el canciller mexicano en una entrevista. “Pero es un hecho que un mal resultado en el TLC tendrá impacto” sobre esa relación.

Sin duda, para los empresarios más cercanos a Donald Trump la advertencia debió sonar tan o más explosiva que las bombas de su presidente. Y es que para nadie es un secreto que detrás de la guerra contra las drogas, se esconden motivos racistas, discriminatorios y, principalmente, negocios multimillonarios para los productores y traficantes de armas en ese país.

El año pasado, el periodista Dan Baum publicó un artículo en Harper’s Magazine, con extractos de una conversación que sostuvo en 1994 con el asesor político de Nixon, John Ehrlichman, y exhibe los usos políticos y la manipulación ideológica detrás de la política anti-drogas estadunidense.

En la conversación, Ehrlichman reconoce que la guerra contra las drogas fue ideada en 1968 para mermar a las comunidades afroamericanas y a los grupos que se oponían a la guerra de Vietnam: “la campaña de Nixon en 1968, y la Casa Blanca después, tenía dos enemigos: la izquierda anti-bélica y los negros. ¿Entiendes lo que te digo? Sabíamos que no podíamos criminalizar a nadie por oponerse a la guerra de Vietnam o por ser negro, pero al hacer que el público asociara a los jipis con la mariguana, y a los negros con la heroína, y luego criminalizarlos severamente, podríamos destruir esas comunidades. Podríamos arrestar a sus líderes, catear sus casas, dispersar sus mítines, y satanizarlos noche tras noche en los noticieros. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Claro que lo sabíamos”.

Al final, el también columnista de la influyente revista The New Yorker, afirma que “el invento de Nixon de la guerra contra las drogas como una herramienta política fue cínico, pero todos los presidentes desde entonces (republicanos y demócratas) la han encontrado igualmente útil por una razón u otra”.

De hecho, el cinismo del gobierno gringo se vulgarizó aún más a partir de la presidencia de Ronald Reagan y la guerra contra los cárteles colombianos y más tarde los mexicanos, al convertirse rápidamente en un negocio multimillonario para la industria armamentista estadunidense.

De acuerdo con una investigación de Sarah Kinosian, oficial de programas sobre el tráfico de armas, política de defensa estadunidense y seguridad ciudadana para la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, y Eugenio Weigend, analista senior de política para el equipo de armas y crimen en el Center for American Progress, entre 2015 y 2016, productores de armas con sede en Estados Unidos firmaron acuerdos comerciales con nuestro país por 836 millones de dólares, en aviones, helicópteros y otros equipos para abastecer a la policía y el Ejército Mexicano.

Sin embargo, el cinismo alcanzó su máximo con Donald Trump. Antes, los presidentes sostenían la guerra contra el narco en beneficio de los intereses de sus aliados armamentistas; ahora, Trump también es socio de sus amigos.

Según datos de Kinosian y Weigend, “dentro de las empresas que han realizado negocios con la Secretaría de la Defensa Nacional, se encuentra la alemana Sig Sauer, señalada de financiar parte de la campaña del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump”.

Por su parte, el gobierno mexicano satisface las ambiciones de sus vecinos: en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto el gasto armamentista se ha triplicado.

Peor aún, para nosotros, y mejor para los Trump y sus amigos, la mayoría de las armas usadas por grupos criminales en México provienen de Estados Unidos: “más del 70 por ciento de las casi 74 umil armas de fuego confiscadas por las autoridades mexicanas eran rifles semiautomáticos como el AR-15 y AK-47, armas comúnmente utilizadas por los cárteles mexicanos”.

Por eso, cuando leí la cabeza de El País susurré “tómala”. Porque nada preocupa más al poderoso gobierno gringo, y más poderosos empresarios, que el dinero.

Lo dudo, pero si el gobierno mexicano se atreve a exigir un cambio profundo en la política en torno a las drogas, impedirá que los presidentes de Estados Unidos sigan adaptándola a sus necesidades políticas e intereses económicos. Y principalmente, evitará que México siga poniendo la peor parte de esta guerra estúpida e injusta -campo de batalla, muertos y dinero para armas-, y los gringos sigan arriesgando poco y ganando mucho.

Lo único seguro es que la advertencia del gobierno de Peña Nieto sólo servirá para cerrar un trato comercial más favorable para México.

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