TIXTLA, Gro., 3 de septiembre de 2018.- Integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desmintieron la verdad histórica del caso Ayotzinapa que hasta el final defendió el presidente de la República Enrique Peña Nieto.

Los organismos coincidieron en que el próximo gobierno federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador deberá redoblar esfuerzos en la investigación, porque la administración de Peña Nieto no ha respondido a 112 preguntas que se le plantearon en 2015 por la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) y ahora surgieron otras 35 preguntas más, que también están sin respuesta.

En la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, los organismos de derechos humanos presentaron a los padres de los 43 y estudiantes normalistas sus informes preliminares a cuatro años de los hechos de Iguala.

La primera en hablar fue la relatora para México de la CIDH, Esmeralda Arosemena, quien detalló que el informe se ha construido con testimonios y datos científicos comparados con la investigación de la PGR que fue presentada en diciembre de 2014.

Dijo que para la CIDH es preocupante y grave ver cómo el gobierno federal aún no realiza cambios en la narrativa de la investigación de la PGR, y continúa diciendo que es “clara y contundente” a pesar de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) la echó abajo.

Agregó que la investigación de la PGR no tomó, y sigue todavía sin investigar, los expedientes contra funcionarios estatales de Guerrero, así como a los policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, a los policías estatales y la Policía Federal que, por acción u omisión de las acusaciones presentadas, participaron en el delito de desaparición forzada.

Otro caso que no se ha atendido, dijo la relatora, es la atención a las víctimas y pidió al Estado garantizar todo el apoyo requerido a Edgar Vargas, quien recibió un balazo en el rostro durante la noche del 26 de septiembre y a Aldo Gutiérrez quien continúa en coma.

La representante de la CIDH expresó que con el nuevo gobierno federal que encabezará López Obrador hay esperanza de que se pueda dar una nueva forma en las investigaciones y dar con el paradero de los 43.

Por su parte, el comisionado de la CIDH Luis Ernesto Vargas subrayó que el Estado mexicano debe redoblar la investigación del caso Iguala, porque la administración de Peña Nieto nunca respondió a las 112 preguntas que se le formularon de la investigación de la PGR y en mayo del presente año se le plantearon otras 35 más.

Además dijo que en el tema de búsqueda, la CIDH detectó que la PGR ha realizado aperturas de fosas clandestinas en Iguala en zonas que no habían sido previstas, además que reabrió otras que ya fueron exploradas.

Igual que la relatora de la CIDH, el comisionado de este organismo dijo confiar en el próximo gobierno federal para esclarecer los hechos de Iguala, y aseguró que este martes la CIDH iniciará un proceso de juntas con los próximos funcionarios federales.

El representante de la oficina del Alto Comisionado de la ONU-DH en México, Jan Jarab expresó que la búsqueda de justicia será posible para las madres y padres de los 43, porque el caso Iguala no eclipsó a otros casos de desaparición en México, sino que Ayotzinapa hizo posible que otros casos se visibilizaran y ahora la ONU acompaña a varias familias en al menos ocho estados de la República Mexicana.

“Del caso Ayotzinapa sabemos que hay conciencia, pero no hay certeza de lo que pasó, sabemos lo que pasó después del 26 de septiembre, y es una irresponsabilidad del Estado mexicano en la investigación de los hechos de Iguala, el Grupo de Expertos Independientes y el Mecanismo de Seguimiento, significan una digna continuidad en el caso”, detalló.

El presidente de la CNDH Luis Raúl González Pérez enfocó su informe en datos técnicos, al destacar que a cuatro años de los hechos de Iguala, el organismo emitió cuatro informes al gobierno federal y en cada uno formulan preguntas de la investigación de la PGR, además de recomendaciones para la Fiscalía general de Guerrero y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

También dijo que la CNDH y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en sus quejas de oficio que iniciaron por el caso Iguala, acumularon 72 quejas principalmente por detenciones arbitrarias.

González Pérez citó el ejemplo de Erick Uriel Sandoval Rodríguez, alias La Rana, quien fue detenido y presentado como implicado en el caso de los 43, pero, remarcó, la CNDH ha demostrado que el verdadero implicado en la desaparición de los 43 normalistas goza de libertad y, que Sandoval Rodríguez sigue preso por una equivocada acusación.

Los padres de los 43, los normalistas y el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan pidieron a los representes de los organismos no abandonarlos en la investigación.

“Las desapariciones forzadas en nuestro país es visible gracias a ustedes y han retratado las irregularidades del gobierno, que nos traen con mentiras y mentiras. No nos abandonen porque ustedes nos hacen fuertes, ustedes son la esperanza de saber dónde están nuestros hijos”, dijo María Elena Guerrero Vázquez, madre de uno de los 43 jóvenes desaparecidos.