CIUDAD DE MÉXICO, 9 de abril de 2019.- Por omisiones y responsabilidades en que incurrieron autoridades de seguridad pública municipal y estatal, educativas y de procuración de justicia de Chiapas, al no proteger los derechos humanos de 14 docentes en esa entidad, quienes al negarse a participar en un paro magisterial fueron humillados al obligárseles a caminar descalzos por las calles del municipio de Comitán de Domínguez, entre burlas y vejaciones, y a portar pancartas con leyendas denigrantes, además de que a la mayoría se le rapó públicamente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 09/2019 al gobernador de la entidad, Rutilio Cruz Escandón Cadenas; al fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca; a la directora general del Colegio de Bachilleres estatal, Nancy Leticia Hernández Reyes, y al presidente de ese municipio, Emmanuel Cordero Sánchez.

Por medio de un comunicado, el organismo nacional acreditó la violación de los derechos humanos al trato digno, a la seguridad jurídica, a la integridad y a la seguridad personal, al trabajo digno, al derecho al acceso a la justicia, así como al derecho a una vida libre de violencia, atribuidas a autoridades de seguridad pública municipal y estatal, autoridades educativas y de procuración de justicia, las cuales incurrieron en indebida tolerancia a las agresiones contra las víctimas.

La retención del personal docente y servidores públicos adscritos a la Secretaría de Educación de Chiapas y al Colegio de Bachilleres de Comitán de Domínguez, se realizó el 31 de mayo de 2016 en dos grupos: el primero, de seis personas adscritas a la Secretaría de Educación de Chiapas –dos mujeres y cuatro varones—, que fueron interceptadas en Los Arbolitos, cuando se dirigían a las oficinas de la dependencia en Tuxtla Gutiérrez.

En el otro grupo había ocho personas –dos mujeres y seis hombres— que laboraban en el Colegio de Bachilleres de Comitán de Domínguez, quienes fueron detenidas en una oficina alterna al plantel.

Las víctimas fueron llevadas a las inmediaciones de la Central de Abasto del municipio, donde fueron vejadas y maltratadas, lo que fue difundido por medios de comunicación y por lo cual la CNDH inició de oficio expediente de queja.

Las omisiones y responsabilidades acreditadas consistieron en la falta de acciones eficaces para contener las agresiones, ya que las autoridades de seguridad pública solo instruyeron “monitoreos” de los hechos mediante uno o dos policías; no se solicitaron oportunamente medidas cautelares para proteger y garantizar los derechos humanos de las víctimas, ni se les brindó protección y auxilio en el momento de los hechos ni con posterioridad, y se omitió integrar con debida diligencia una de las carpetas de investigación, lo que generó impunidad.

El Colegio de Bachilleres de Chiapas omitió investigar la participación de integrantes de su personal que estuvieron en los hechos, pese a señalamientos de haber retenido a las víctimas, a quienes no garantizó un trabajo digno, ya que continúan laborando con sus agresores, lo cual impide que realicen sus funciones con respeto a su dignidad.

Por ello, la CNDH recomendó al gobernador de Chiapas que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, repare integralmente el daño, que incluya atención médica y psicológica, y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas; coadyuvar con la Comisión Nacional en la queja y denuncia que presente ante las autoridades competentes y la Fiscalía General de Estado, respectivamente, contra el personal involucrado, incluida la cadena de mando, y capacitar en derechos humanos y en técnicas, tácticas y estrategias para el control de multitudes al personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Estatal Preventiva y de la Secretaría General de Gobierno, incluyendo la Subsecretaría de Gobierno Región XV, Meseta Comiteca Tojolabal y la Delegación de Gobierno en Comitán de Domínguez.

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