ACAPULCO, Gro., 2 de octubre de 2019.- El diputado local de Morena, Marco Antonio Cabada Arias, confirmó que este 1 de octubre entró en vigor la ley que prohíbe la venta y entrega de bolsas y cubiertos de plástico, unicel y popotes en establecimientos, pero indicó que hace falta un reglamento de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno del estado (Semaren), por lo que no se puede sancionar a quien viole esta norma.

En conferencia de prensa señaló que por un error que cometieron los legisladores, pues en lugar de especificar que se obliga a los negocios a comprar bolsas ecológicas y regalarlas a los consumidores, se dejó esta imprecisión y ahora los establecimientos las venden a los clientes.

“Cometimos una salvedad que como diputados se nos pasó, ya que nosotros prohibimos el uso de las bolsas, pero es responsabilidad de un comercio darte una, lo que hicimos es que dejaron de comprar, se ahorraron un dinero pero ahora las venden, les creamos un negocio a ellos y el más perjudicado es el consumidor. Hay que hacer una corrección de que vendan las bolsas, pero deben de ser biodegradables, queremos corregirlo porque ya es un negocio muy redituable”, explicó.  

Cabada Arias indicó que el martes se comunicó con la Semaren para conocer los avances del reglamento, y le dijeron que estará listo dentro de un mes, por lo que hasta entonces podrán aplicarse sanciones.

“Ahí tenemos un problema porque no habrá sanciones, no hay un proceso que establezcan para sancionar, seguimos en esa parte del limbo y es responsabilidad del Ejecutivo, en este caso de la Semaren. Me dijeron que van a esperar para tener el reglamento y mandarlo a la Consejería del Estado, después al Congreso; hay un retardo ahí muy importante y tenemos ese problema, hoy no podemos sancionar a nadie por la falta del reglamento”, detalló.

Por otra parte, Marco Antonio Cabada dio a conocer que el sábado 5 de octubre, a las 9:00 de la mañana, en el Centro de Convenciones de Acapulco, se realizará el foro de consulta para la Construcción de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos, al que se espera que asistan más de 600 personas para participar en 15 diferentes mesas de trabajo.

Abundó que la principal propuesta que les han hecho es el principio de que sean reconocidos legalmente como tal, así como brindar los derechos necesarios para sus pueblos originarios y acceder a los diferentes programas sociales del gobierno federal, pero que eso quede establecido en la ley.

“Se espera que se voltee a ver Acapulco porque es un municipio con una muy alta presencia de indígenas, personas afrodescendientes que participan en la vida económica y diaria de la ciudad y no son considerados como un núcleo provisional como tal”, concluyó.