La violencia estalló en Oaxaca. En un escenario previsible, la sección 22 de la Coordinadora Nacional de trabajadores de la educación (CNTE), apoyado ¿o infiltrado? por grupos de anarquistas esbozados cuyo modus operandi es aprovechar cualquier movimiento de protesta para incendiar vehículos o edificios públicos, se enfrentó con las policías federal y estatal en Nochixtlán con un saldo de 8 muertos y más de un centenar de heridos.

Con estos resultados y actores involucrados, el movimiento deja de ser preponderantemente una estrategia de lucha sectorial para convertirse en algo más peligroso para la estabilidad del sistema político.

El gobierno tiene ante sí a un grupo de agitadores, cuyas acciones, ya conocidas, podrían ser el inicio de un golpeteo sistemático hacia las instituciones públicas y la exigencia de renuncias de funcionarios públicos a diestra y siniestra, apoyado por una consecuente campaña mediática y la reproducción de discursos elaborados a modo por la izquierda que usará, cual ingrediente, lo sucedido en Nochixtlán para llevar agua a su molino.

No hay que olvidar que los grupos anti sistémicos obedecen a una lógica e intereses muy específicos, no se dan por azahar, son mercenarios que lo mismo sirven a la izquierda radical o a la extrema derecha. Para ellos, no importa la vida, lo importante es que haya muertos, el número es relevante, porque eso mantiene el fuego de la indignación alentado por el abanico de las redes sociales. Eso lo sabe el CISEN, el que a estas alturas debe tener un mapeo preciso de su existencia en Oaxaca.

Nada más preciado sería para esos grupos radicales y para sus patrocinadores que el efecto Nochixtlán cundiera por todo el país, pero no todo México es el sur. Mientras que aquí predomina una baja expectativa de vida, pobreza y marginación, en las entidades del centro-norte y bajío le apuestan a la educación de calidad y al dominio de las herramientas tecnológicas para ser competitivos en el mercado laboral. Son escenarios distintos. Por ello, difícilmente puede extenderse el efecto, pero no dejaría de ser un “dolor de muelas” para el gobierno y el desgaste político de uno de los alfiles, quizás el más importante, de Peña Nieto.

Por lo pronto, en tanto la PGR investiga el intríngulis de los hechos y se da el diálogo político entre las partes, el Estado debe garantizar que Oaxaca recupere su normalidad económica, política y que la sociedad oaxaqueña retorne a su cotidianidad.