Médula/Jesús Lépez

Beatriz Vélez Núñez la secretaria general de la Sección 36 del Sindicato de Salud en Guerrero tendría que responder ante la justicia por el acto criminal que se cometió contra cientos de personas de escasos recursos que vieron afectados sus tratamientos médicos por esta líder obsesionada en quitar de un cargo, y de tercer rango, a una sola persona.

Los paros parciales en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo afectaron durante varios meses, desde octubre del año pasado, a cientos de gentes de muy escasos recursos que desde municipios muy pobres gastan su escaso dinero en trasladarse a la capital del estado para dar seguimiento a sus tratamientos médicos, sobre todo, aquellos que padecen enfermedades crónico-degenerativas.

Muchos tuvieron que devolverse a sus pueblos y regresar otro día sin haber recibido consulta, con el correspondiente gasto extraordinario para sus familias.

Entre el personal del hospital se habla también que hubo enfermeras sindicalizadas que dejaron en el abandono a enfermos graves y hasta a bebés que requerían de sus cuidados.

¡Y todo por quitar del cargo a una jefa de Enfermeras! No se trataba de cambiar director, o subdirector, si no de que le cambiaran a una jefa de servicio para poner a otra de su confianza.

Esto con el pretexto de que uno de sus apellidos coincide con el de una diputada de Morena, lo cual evidencia que Beatriz Vélez afectó a muchas personas de escasos recursos por un motivo tan vano como es la grilla barata.

¿La lucha porque el mando de las enfermeras sea de Morena o del PRI justifica impedir premeditadamente el derecho humano a la salud de cientos de guerrerenses pobres? Claro que no.

Otra posible motivación para la ya eternizada dirigente de Salud sería dar una demostración de poder para evitar que a la diputada Yoloczin Domínguez Serna, a quien atribuye parentesco con Tania Serna Maciel la jefa a la que buscaba quitar, no le vaya a dar por insistir en auditar al Sindicato a su cargo como lo propuso en septiembre del año pasado ante el Congreso de Guerrero.

Demanda que por cierto hicieron suya los propios agremiados de Vélez que un mes después, en octubre, marcharon en Chilpancingo demandando que se auditara al Sindicato pues indicaron que tiene inexplicables pasivos de más de 16 mil millones de pesos, además del adeudo en prestaciones que los tenía sin atención médica del ISSSTE.

De ser así que se cuiden todos los que tengan cargos en hospitales de Guerrero que lleven los apellidos Domínguez, Serna, ah, y también los que se apelliden Ocampo o Manzanares, ya que también la diputada federal Araceli Ocampo Manzanares presentó ante la Auditoría Superior dela Federación una denuncia contra Beatriz Vélez.

Y es que en Chilpancingo se le achaca la propiedad de una clínica y un negocio de autolavado allá por el mercado Benito Juárez, y se dice que se auto rentó una propiedad en la calle Colón para poner las oficinas del Sindicato, por lo que la dirigente gremial podría literalmente estarse “curando en salud”.

Aunque lo más sano seria que no se le permita más afectar los derechos humanos de las personas vulnerables que necesitan atención médica. ¿Qué hay más inhumano que vivir de la Salud y obstaculizarla?