Narcopolítica en Guerrero

El asesinato del candidato del PRI a diputado local por el distrito 17 de Tierra Caliente, Abel Montúfar Mendoza, ocurrido el martes de la semana pasada, conmocionó como pocas veces al estado de Guerrero. El jueves, el gobernador Héctor Astudillo Flores explicó el homicidio como consecuencia y en el contexto de la mezcla de política y delincuencia que se desarrolla en Guerrero, algo que hasta donde puede recordarse no había dicho de ningún otro caso de los muchos homicidios de políticos, candidatos y alcaldes ocurridos en el estado en los dos años recientes.

Astudillo Flores dijo que la política se está mezclando con la delincuencia y eso provoca que los criminales se sientan con autoridad para intervenir en los temas electorales: “eso tiene que terminarse, no se puede permitir, porque entonces la sociedad gobernada por un presidente municipal o representada por un diputado, lo que puede suceder es que más que representar a la sociedad, represente a un grupo delincuencial y eso es muy grave”.

Tiene razón el gobernador de Guerrero. No sólo en la región de Tierra Caliente, sino en todo el estado, sobran los indicios de que la política y la delincuencia son una sola cosa, con el factor agravante de que no se sabe si fue la delincuencia la que capturó a la política, o la política la que asumió el control de la delincuencia. Se trata de un fenómeno que se expandió de una forma escandalosa durante los dos sexenios en los que el PRD gobernó el estado, de 2005 al 2011 con Zeferino Torreblanca, y de 2011 al 2015 con Ángel Aguirre Rivero y el interino Rogelio Ortega Martínez.

El inusual señalamiento del gobernador de Guerrero abre interrogantes concretas en torno a este homicidio y pone al descubierto una realidad que ha sido eludida por los gobiernos y solapada por los partidos políticos. Por cuanto hace al caso de Montúfar, debe repararse en el hecho de que la víctima no era un político cualquiera ni estaba indefenso, pues pertenecía a una familia con amplio dominio, poder y recursos en Tierra Caliente. Su hermano Érit Montúfar es el actual delegado de la Secretaría de Gobernación en el estado, y antes fue director de la Policía Ministerial, durante el gobierno de Zeferino Torreblanca. Otro hermano, Bonifacio Montúfar, fue director de la Policía de Chilpancingo y subsecretario de Seguridad Pública del estado, y uno más, Saúl, es delegado de la Profeco.

Sin que existan o se conozcan pruebas públicas de ello, la familia Montúfar ha sido señalada de ejercer un cacicazgo en Coyuca de Catalán, de brindar protección a los taladores ilegales de madera y de sostener nexos con el grupo delictivo La Familia Michoacana, de activa presencia en esa región de Guerrero ¿Es este factor parte del móvil del asesinato de Abel Montúfar? No podrían las autoridades simplemente hacer a un lado estos elementos, con mayor razón si el crimen se adjudica al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al que se atribuye una alianza con el grupo michoacano de Los Caballeros Templarios también de fuerte influencia en la zona limítrofe con Michoacán.

Llama la atención que Abel Montúfar haya sido ejecutado mientras viajaba de Coyuca de Catalán hacia Ciudad Altamirano sólo acompañado de quien ha sido identificado como su secretario particular, a quien sin embargo le fue respetada la vida. No parece normal que un candidato en campaña viajara en esas condiciones, sobre todo si sabía que estaba amenazado, como él mismo lo denunció con anterioridad. El crimen fue cometido de día, lo que hace presumir que los ejecutores conocían muy bien y tenían control del camino, lo que no puede ocurrir sin la existencia de complicidades. Las autoridades no han informado qué sucedió con el acompañante de Montúfar, pero si fue dejado con vida es probablemente porque fue convertido en emisario de algún mensaje. No se sabe dónde fue asesinado el candidato del PRI, pero aparentemente no sucedió en el lugar en el que apareció la camioneta con su cadáver en las cercanías de Altamirano. De particular interés resulta el motivo de que le hayan quitado el pantalón. ¿Fue un hecho incidental o ese ultraje contiene un mensaje adicional?

Si se consideran estos antecedentes, adquiere mucho sentido lo que dijo Érit Montúfar en el sepelio, un día antes de que el gobernador vinculara el crimen con la mezcla de política y delincuencia. El delegado de la Secretaría de Gobernación dijo que la muerte de su hermano no quedará impune, e insinuó que el homicidio tuvo motivaciones políticas. Aunque expresó su respeto por las instituciones encargadas de investigar el crimen, a su declaración se le advertía una notoria carga personal y el tono de quien sabe ya el origen del atentado.

Es imposible no relacionar el homicidio de Abel Montúfar, quien era alcalde con licencia de Coyuca de Catalán, con la ola de asesinatos de políticos en Tierra Caliente ocurrida de dos años a la fecha. Hace un año, en mayo, fue asesinado el también ex alcalde de Coyuca de Catalán y ex diputado local Elí Camacho Goicochea, quien alcanzó esos cargos como miembro del PRD pero en la campaña de 2015 se integró al PRI y en el momento de su muerte trabajaba como asesor del gobierno estatal. Con Camacho Goicochea, en 10 meses fueron acribillados en esa región cuatro políticos –los otros son Ambrosio Soto Duarte, alcalde de Ciudad Altamirano cuando murió; Roger Arellano Sotelo y Modesto Carranza Catalán, del PRD los dos primeros y del PRI el tercero–, registro al cual debe sumarse el secuestro o desaparición aún no esclarecida del ex diputado federal perredista Catalino Duarte Ortuño.

El interés que rodea todos estos casos –y ahora también el de Abel Montúfar– proviene del hecho de que las víctimas pertenecieron a una generación que creció políticamente y desempeñó cargos públicos precisamente durante la época en que el narcotráfico experimentó una notoria expansión en el estado, que a su vez corresponde al periodo en el que el PRD gobernó a Guerrero. Procede también del hecho de que, con excepción de Modesto Carranza, de quien se ignora su vida pública, las víctimas estuvieron señaladas extraoficialmente de tener vínculos de alguna clase con el crimen organizado. Hasta donde puede saberse, ninguno de los señalamientos fue investigado ni produjo cargos formales, pero trascendieron a la opinión pública.

Cuando era diputado local, el propio Camacho Goicochea reconoció en entrevistas periodísticas que en su periodo como alcalde de Coyuca de Catalán tuvo que negociar con los grupos de la delincuencia para poder gobernar, y sostuvo que ese era un problema generalizado y lo sufrían muchos presidentes municipales de Tierra Caliente. Sin embargo, advirtió que a pesar de esos tratos, nunca “pactó” con ningún grupo delincuencial. Pero ese no era el único aspecto que ensombrecía la carrera política de Camacho Goicochea. La mayor sombra provenía de su hermano Euclides Camacho Goicochea, él sí acusado de pertenecer al cártel michoacano de Los Caballeros Templarios y de encabezar una célula de este grupo dedicada al secuestro. Sobre Euclides Camacho –conocido como El Quiles en el mundo delincuencial— pesaba una orden de aprehensión girada en 2016 por un juez de Zitácuaro, Michoacán.

Hace un año escribimos que los indicios sugieren que los asesinatos de políticos en Tierra Caliente, incluido hoy el de Abel Montúfar, tienen su origen y su explicación en la narcopolítica. A menos que se desee que ese fenómeno continúe, es momento de que el gobierno encare el problema y se esfuerce verdaderamente por hallar la verdad detrás de estos homicidios.

¿Política y delincuencia?: Bernardo Ortega

Ningún caso ilustra mejor la mezcla de política y delincuencia a la que aludió el gobernador Héctor Astudillo, como el del candidato del PRD a diputado local Bernardo Ortega Jiménez, quien es hermano de los jefes de la poderosa banda de Los Ardillos, responsable junto a Los Rojos de la matanza que se desarrolla actualmente en la franja Tixtla-Chilapa. Pese a sus peculiares credenciales, o quizás precisamente por eso, Bernardo Ortega pudo ya ser diputado local por el PRD de 2012 a 2015, encabezar a la bancada perredista y tener el control político del Congreso del Estado. Él niega nexos con sus hermanos, pero en Chilapa los familiares de las víctimas lo señalan como el brazo político de Los Ardillos. Casualmente, hoy es candidato en la misma región dominada por sus hermanos.

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