Otro país/Tomás Tenorio Galindo

El homicidio de Chavarría ocho años después

En un comunicado emitido el 21 de agosto del año pasado, la Fiscalía General del Estado de Guerrero anunció su decisión de “rescatar” la investigación del asesinato del diputado local Armando Chavarría Barrera, cometido el 20 de agosto de 2009, y “explorar, agotar y/o crear nuevas líneas de investigación”. Junto a ello, la Fiscalía reconoció las graves deficiencias cometidas en la investigación de 2009 al 2015, y asumió la “responsabilidad de Estado” para evaluarlas y corregirlas. Explícitamente reconoció que las “deficiencias” encontradas en la investigación del caso Chavarría dieron “como resultado que no se garantice un debido proceso jurídico”. La postura de la Fiscalía, y del gobierno de Héctor Astudillo Flores según se desprende del mensaje, pareció un vuelco a la impunidad en que desde el 2009 había permanecido el homicidio de Chavarría.

Sin embargo, en el año transcurrido desde entonces el fiscal Xavier Olea Peláez no hizo nada de lo que dijo que iba a hacer, y si lo hizo, hasta ahora no ha informado a nadie de ello, de manera que sin novedad alguna y otra vez en medio de la impunidad más absoluta, el próximo domingo se cumplirán ocho años del crimen.

Para quienes desconozcan este caso, debe recordarse que el asesinato fue cometido en Chilpancingo cuando Chavarría era presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso de Guerrero y el precandidato más aventajado del PRD a la gubernatura. Conviene tener presente también que el homicidio se produjo en un contexto político enrarecido por un aparatoso enfrentamiento público que el legislador había sostenido durante meses con el entonces gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, también del PRD, quien ostensiblemente se oponía a las aspiraciones políticas de su compañero de partido, lo que provocó que de inmediato recayera sobre él la sospecha de la autoría intelectual del homicidio.

En los siguientes dos años, Torreblanca Galindo no sólo no disipó las sospechas de que mandó matar a su contrincante, sino que las amplió y profundizó. Desde su posición de gobernador manipuló a ojos vistas la investigación y trató de imponer versiones y móviles que iban desde un crimen pasional hasta la guerrilla. Es lo que el fiscal Olea Peláez llamó hace un año “deficiencias” y violación del debido proceso, acciones en las que están involucrados varios de los procuradores que le antecedieron.

El 28 de marzo de 2011, sólo tres días antes de entregar la gubernatura a Angel Aguirre Rivero, el contador Torreblanca Galindo declaró que la investigación tenía un avance de “99 por ciento” y sólo faltaban las órdenes de aprehensión contra quienes en esa versión aparecían como inculpados, que eran cinco integrantes de la organización guerrillera Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Sin embargo, el juzgado séptimo de distrito con sede en Chilpancingo negó las órdenes de captura, y la negativa fue luego ratificada por el Tribunal Unitario de Circuito.

Esa versión –a la que este autor tuvo acceso— fue extraída de la declaración ministerial de un supuesto miembro del ERPI, de nombre Raúl Jiménez García, quien se identificó ante el Ministerio Público con la credencial del IFE número JMGRRL85033012H80. En su declaración, fechada el 1 de febrero de 2010, el presunto integrante de la organización armada afirma que el jefe del ERPI, el comandante Ramiro –asesinado en 2010– ordenó el asesinato de Chavarría en una reunión realizada en Tlapa la madrugada del 19 de agosto de 2009, en la que participaron además Roberto Ángel García y Miguel Angel Serafín Juárez –este último identificado como el comandante Beto, responsable de las células del ERPI en la Montaña–. Según Raúl Jiménez, los homicidas materiales habrían sido Camerino Florentino Cayetano y Miguel Díaz Escobar, a quienes días después del homicidio él trasladó en automóvil de Petaquillas, comunidad próxima a Chilpancingo, a Marquelia, un poblado de la Costa Chica. El motivo por el que el ERPI habría matado a Chavarría es que el diputado era un “traidor y ratero”, según lo que dijo Jiménez García, sin que la declaración recoja algún elemento adicional en el que se funde esa apreciación o sugiera un móvil más concreto o creíble. Es tan perfecta la historia, y cuadra con tal exactitud, que su falsedad salta a simple vista. Por eso la rechazó el juez. Nada de lo que contiene esa versión es verdad. No fue el ERPI el que mató a Chavarría.

Cuando se armó el montaje del ERPI el procurador del estado era el político perredista David Augusto Sotelo Rosas, nombrado por Torreblanca Galindo en julio de 2010 en sustitución de Albertico Guinto Sierra, quien a su vez había enlodado la investigación para acusar a amigos de la víctima. Sotelo Rosas, pues, fue el instrumento empleado por Zeferino Torreblanca para fabricar la historia de que el ERPI ejecutó a Chavarría.

La manipulación de la investigación, o la simple inacción, continuó en los gobiernos de Angel Aguirre Rivero (que duró de abril de 2011 a octubre de 2014) y de Rogelio Ortega Martínez (de octubre de 2014 a octubre de 2015). En agosto de 2014, ante la revelación de indicios que incriminan a Zeferino Torreblanca en la muerte de Chavarría, Aguirre Rivero se olvidó de la ley y defendió a su antecesor con el argumento de que no quería que le hicieran lo mismo a él cuando terminara su mandato. Llegó al extremo de denunciar públicamente lo que llamó una campaña y persecución mediática contra el ex gobernador. Aguirre Rivero desacreditó de esa forma lo que había establecido el primer procurador de su gobierno, Alberto López Rosas, quien a partir del testimonio de un comandante judicial, de nombre Trinidad Zamora Rojo, obtuvo un indicio concreto de que Zeferino Torreblanca dio la orden para que ejecutaran a Chavarría. En lo que pareciera una prueba de la veracidad de su testimonio, el comandante Zamora apareció muerto frente a las instalaciones de la procuraduría en junio de 2011, sólo unos días después de que hablara con el procurador López Rosas.

Frente a López Rosas, el comandante Zamora señaló a Zeferino Torreblanca como autor intelectual de la ejecución, y el procurador obtuvo de él los nombres y la ubicación de los homicidas materiales, que resultaron ser agentes de la propia Procuraduría en activo en el momento del crimen. Los nombres de esos ex agentes son Jorge Luis García Jacinto, Felipe Romero y Arturo Arellano Reyes. Hacia el segundo semestre de 2011, López Rosas localizó a Felipe Romero en el Penal de Puente Grande, donde estaba recluido por otro delito. Por informaciones adicionales ahora se sabe que Jorge Luis García Jacinto está (o estuvo) preso en el penal de Tepic, Nayarit, donde fue visitado por agentes ministeriales en alguna fecha posterior al 2011. Todo eso fue investigado por el equipo de López Rosas y es parte del expediente.

Presionado por la opinión pública, Aguirre Rivero fingió hacer eco a la demanda de justicia y en septiembre de 2014 el procurador Iñaki Blanco Cabrera citó a comparecer a Zeferino Torreblanca, pero en calidad de invitado, no de indiciado. El ex gobernador estuvo diez horas en las instalaciones de la Procuraduría, sin que esa diligencia surtiera después algún efecto jurídico.

A la caída de Aguirre Rivero en octubre de 2014, la llegada de Rogelio Ortega como gobernador interino no significó ningún cambio en el caso. Por su perfil izquierdista (fue guerrillero en los años setenta y sufrió cárcel), de Ortega se esperaba una actitud comprometida con la justicia, expectativa acrecentada por el hecho de que además fue compañero político y amigo de Chavarría en la Universidad Autónoma de Guerrero. Pero no hizo nada, porque al final pesó más la amistad que había desarrollado con Zeferino Torreblanca.

El comunicado de la Fiscalía General del Estado confirmó hace un año las maniobras realizadas por los gobiernos del PRD durante siete años para impedir que el asesinato del líder del Congreso fuera esclarecido y castigado. Que se exponga ahí que la nueva administración encontró en el caso Chavarría “situaciones plagadas de irresponsabilidad jurídica institucional”, y se asuma el compromiso de corregir la investigación, fue un acto de gobierno inimaginable en los tres gobernadores perredistas anteriores, entregados por completo a la trama de la impunidad.

Es evidente que esa red de impunidad prosperó gracias a la intervención de muchos personajes con poder, y que sigue activa hasta la fecha. En esa trama hay otros implicados, incluido el ex presidente panista Felipe Calderón, con quien Zeferino Torreblanca tejió una alianza en la campaña de 2006 y de quien recibió protección tras el homicidio de Chavarría.

Así llegará el domingo a su octavo aniversario el asesinato de Armando Chavarría, y al cabo de este tiempo la única certeza que existe es la impunidad, la manipulación de las investigaciones, la pasividad de las autoridades y finalmente la servicial protección que Xavier Olea brinda desde la Fiscalía del estado al principal señalado del crimen.

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