Proponen reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Guerrero

ACAPULCO, Gro., a 27 de agosto del 2020.-El diputado Marco Antonio Cabada Arias propuso reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero para instaurar un Órgano Interno de Control en el Congreso del Estado, que conozca de las irregularidades administrativas que pudieran cometer sus servidores públicos.

De acuerdo con un boletín, esto en una iniciativa que fue turnada para su análisis a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, donde el legislador expone que la rendición de cuentas corresponde a una verdadera política pública, y el diseñarla de manera desarticulada puede llevarla directamente al fracaso, por lo cual,forzosamente,debe estructurarse desde una perspectiva tridimensional; es decir, tomando en cuenta los factores de información, justificación y castigo.

El legislador de Morena precisó que el 27 de mayo de 2015 se publicó el decreto de reformas, adiciones y derogacionesa diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, creando el Sistema Nacional Anticorrupción, como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para la fiscalización y control de los recursos públicos.

Agregó que en el decreto se le atribuyó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la facultad constitucional y exclusiva de designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Además, en su artículo cuarto transitorio se estableció la obligación de las Legislaturas de los estados para que, en el ámbito de sus competencias, expidieran las leyes y realizaran las adecuaciones normativas necesarias dentro del término de 180 días siguientes a la entrada en vigor de las leyes generales, por lo que el 14 de julio de 2017 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el Decreto Número 433 por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero en materia de combate a la corrupción.

En esta reforma, añade Cabada Arias, se fija un plazo de 180 días naturales al Congreso de Guerrero, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para aprobar la legislación secundaria correspondiente.

Asimismo, se estableció la potestad para designar con el voto de las dos terceras partes de sus miembros a los titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución, obligación que ya debió haber cumplido el Congreso del Estado.

En ese sentido, el legislador refiere que el Congreso debe poner el ejemplo al nombrar a su titular del Órgano Interno de Control en sustitución de la Contraloría Interna.“Debemos de ser parte del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Estatal Anticorrupción, con la finalidad de que se sancionen de manera eficaz las irregularidades administrativas que pudieren cometer los servidores públicos”, apuntó.

Exhorto a los Poderes Ejecutivo y Judicial

En otros asuntos, el legislador propuso un Punto de Acuerdo para exhortar a los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial del estado para que, de manera coordinada con el Congreso local, instalen mesas de trabajo y designen enlaces para realizar el análisis referente al traslado de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje al Poder Judicial, así como la creación del Centro de Conciliación de Justicia Laboral.

En esta propuesta que analiza la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, el legislador puntualiza que es urgente iniciar con los trabajos para crear los juzgados laborales, para que tengan un sustento legal al momento de iniciar operaciones, ahora perteneciendo al Poder Judicial, y para evitar los errores que se cometieron con la implementación del Sistema Penal Acusatorio, donde Guerrero fue el último en ponerlo en marcha y, por consecuencia, con muchas deficiencias en infraestructura y capacitación para el desahogo del procedimiento.