Sin mucho ruido
Cada uno tiene su circunstancia.
Carlos Urzúa dispone de carrera propia y, ahora se sabe, autonomía para manejarse en la academia y las finanzas públicas.
Por ahí seguirá.
Pero no tiene posibilidad alguna de reincorporarse al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ni siquiera de ser consejero en temas específicos.
Jugó por su cuenta y perdió.
Si antes era visto con tantas reservas, ahora ni el mínimo de confianza.
Por eso le impusieron varios obstáculos imposibles de superar en todas las áreas, tanto dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHPC) como fuera.
Sabidas son sus grandes diferencias con Alfonso Romo Garza, el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, a quien nadie investigará pese a los conflictos de interés de su cargo.
Palabra de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.
Atrás hay otros funcionarios citados por el propio Urzúa: la oficial mayor de Hacienda Raquel Buenrostro Sánchez, la titular del Sistema de Administración Tributaria Margarita Ríos Farjat y el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.
CONGELAN A MARTÍNEZ CÁZARES
Carlos Urzúa tiene actividad propia.
Podría decirse lo mismo de Germán Martínez Cázares por su formación de abogado –y de los buenos-, pero optó por seguir en la actividad pública.
He aquí su situación:
El viernes 17 de mayo tuvo audiencia con Andrés Manuel López Obrador y se quejó por poner a los pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como víctimas de la austeridad.
No estuvo de acuerdo el tabasqueño.
Se hicieron de palabras y Martínez Cázares aprovechó la reunión del Consejo Técnico del IMSS el martes 21 de mayo para decir cuanto sabemos en la cortedad de unas cuantas cuartillas.
Hubo una concesión de López Obrador:
-Está bien. Regresa al Senado. No tengo ninguna objeción.
Pero regresó y ahí está perdido entre 127 más del montón y no tendrá futuro.
No será, como era su deseo, un referente legislativo ni candidato a gobernador de Michoacán por Morena.
La rebelión tiene un costo de muerte política en la 4T.
BONILLA PIDE RESPALDO DE AMLO
Quién lo hubiera imaginado.
A su edad, o quizá por ella, Porfirio Muñoz Ledo se ha convertido en la conciencia política de este país cuando más falta hacen voces disidentes.
Clama por la desaparición de poderes en Baja California a fin de no consumar el golpe constitucional iniciado por el Congreso del Estado.
Como aquí advertimos desde el 27 de mayo, antes de las elecciones del 1 de junio, el candidato de Morena, Jaime Bonilla, tenía planeada esa violación.
La primera oferta, hemos informado aquí, fue de un millón de dólares al diputado priísta Benjamín Gómez Macías, quien incumplió su promesa de hacer la denuncia penal.
Claro, como presidente del Poder Legislativo merecía ese monto, pero el resto de los diputados costaban menos y les ofreció medio millón.
Ahora, sépalo usted, a la par de las disidencias de juicios serios como Muñoz Ledo, Alejandro Rojas Díaz-Durán y otros opositores, Bonilla busca el respaldo de su amigo Andrés Manuel López Obrador.
No quiere perder ni en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ni en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el batidero armado en Baja California.
El quiere cinco años de gobierno y solamente el Tribunal de Felipe Fuentes Barrera o la Corte de Arturo Saldívar pueden corregir este golpe artero contra las instituciones.