Teléfono rojo/José Ureña

·     Lucha política por la pandemia: estados vs federación

·     La instrucción es impulsar las actividades económicas

·     Línea 12: dirigen las investigación contra particulares

Los más preocupados son los estados.

O sea, los gobernadores, porque sobre ellos recaerá la carga política si se vuelve incontrolable otra vez la ola de contagios por Covid y más en su variante Delta.

Pero más si aumenta, inconmensurable como en la primera ola de 2020 y la segunda a principios de 2021, el número de muertos.

Pero tienen un problema:

El gobierno federal, léase la Secretaría de Salud (SSA) y el humorista nacional conocido como Hugo López-Gatell, no quiere volver a parar la economía.

Esto significa, en términos simples, permisos para operar a la industria, al comercio, a servicios como restaurantes, líneas aéreas u hoteles.

Sería el acabose.

Sobre todo cuando la aeronavegación, y con ella el turismo, ha regresado al 90 por ciento de sus estadísticas previas la explosión pandémica, en marzo de 2020.

Un reporte de los Servicios a la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) de Víctor Manuel Hernández da idea.

El añoso y deteriorado Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tiene casi mil operaciones de aterrizaje y despegue darios.

Cien menos a las de principios del año anterior.

¡OH, LA CAPTACIÓN FISCAL!

Pero el tema es otro.

De norte a sur, de oriente a poniente, los gobernadores ven con azoro cómo aumentan los contagios por Covid.

Por eso apremian, a despecho y descalificación de la SSA de Jorge Alcocer, a tomar medidas para contener la multiplicación de enfermos.

Se quejan -sobre todo los de oposición, pues los de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) están condicionados- de cómo se ha relajado la calificación del riesgo.

Ya no son los colores verde, amarillo, naranja y rojo de bajo a grave, sino una valoración de dudosa aplicación, eufemismo para evitar la descalificación total.

Pero no encuentran respaldo en el gobierno nacional.

¿Por qué?

Porque la orden de Palacio es no parar actividades económicas con el doble objetivo de dar imagen de control de la pandemia y evitar la caída en los impuestos.

Esto significaría un golpe emocional grave para la población, pero sobre todo el derrumbe de captación para repartir en programas socioelectorales.

Y contra ese riesgo nada.

MACHUCHONES A SALVO

La investigación sobre accidente de la Línea 12 del Metro se dirige a un destino simple: imputar a particulares.

Hablamos de ingenieros, residentes de obra o algo similar.

O sea, no habrá instituciones responsables ni quienes estaban al frente, lo cual dejaría a salvo al entonces jefe de Gobierno Marcelo Ebrard y a su secretario de Finanzas, Mario Delgado.

Además, como acordaron en reunión privada Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum y Carlos Slim, éste se hará cargo de las obras de rehabilitación en el tramo elevado.

Como no es todo, están en marcha negociaciones con otras empresas participantes y su respuesta será determinante antes de dar a conocer las conclusiones finales.

Sería de gran alivio tanto para la fiscal General de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, como peritos y ministerios públicos interesados en judicializar el caso.

Ahí está la clave: en el arreglo político, y está por cerca de anunciarse.