Acuerda comisión de diputados auditar finanzas de la CAPAMA

ACAPULCO, Gro., 26 de julio de 2017.- La Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría General del Estado (AGE) aprobó instruir al órgano fiscalizador del Congreso de Guerrero, a que audite a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) para que detecte y en su caso denuncie ante la Fiscalía posibles actos de corrupción por funcionarios de la paramunicipal.

En un punto de acuerdo firmado este martes por cuatro de los cinco miembros de la Comisión de Vigilancia, se aprecia que los focos rojos los encendió el propio director de la CAPAMA, Javier Chona Gutiérrez, en su comparecencia del 19 de julio ante la Comisión de Agua, Infraestructura y Recursos Hidráulicos.

En esa ocasión “reconoció explícitamente la comisión continua y ordinaria de actos de corrupción por personal del organismo público descentralizado a su cargo”, se afirma en el documento firmado por el presidente de la Comisión, el priísta Samuel Reséndiz Nava y los vocales, Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Raúl Mauricio Legarreta Martínez, del PVEM, e Isabel Rodríguez Córdoba, del PRI.

La única integrante que no signó el acuerdo que sería presentado al Pleno en la sesión de este martes y se pospuso para el jueves, fue la secretaria Silvia Romero Suárez del PRD.

Los promoventes destacan que el director de la CAPAMA también estuvo de acuerdo en que existen adeudos financieros irregulares, deficiencias operativas, mala planeación presupuestal, adquisiciones innecesarias “y otras debilidades institucionales”.

Ante lo que argumentó “ante la sorpresa de los diputados” que él era un técnico y no un político que pudiera gestionar ante el presidente municipal la corrección de esos vicios.

Enumeran además cinco anomalías que dicen haber detectado “de manera concreta y documentada”.

La primera es el aumento desproporcionado de 28 por ciento a sueldos de funcionarios que se incrementaron de 7 a 9 millones de pesos, mientras que al personal administrativo y operativo no se le aumentó el salario en esa proporción.

La segunda, que en 2016 se cancelaron y disminuyeron adeudos de algunos usuarios sin autorización del Consejo de Administración.

La tercera, que ese mismo año el saldo en almacén se incrementó en 153 por ciento por adquisiciones innecesarias, “no obstante los problemas de liquidez del organismo y de que estas compras no representaron una mejora en la calidad de los servicios”.

La cuarta, la autorización extemporánea del Programa Operativo Anual 2016 hasta el día 27 de enero de 2017, cuando debió aprobarse en el mes de diciembre.

La quinta, el crecimiento de adeudos con la Comisión Federal de Electricidad que de diciembre de 2015 al mismo mes de 2016 incrementaron de 128.5 a 140.4 millones de pesos.

Señalan que de la comparecencia y de los datos propios con los que cuentan infieren “sin duda alguna” que la CAPAMA “padece de graves males en su administración y funcionamiento”, que afectan a la población de Acapulco.

Agregan que ante “la ausencia material y política del presidente municipal de Acapulco (Evodio Velázquez Aguirre)  y la irresponsabilidad del director general de la CAPAMA”, el Congreso del Estado “debe poner un alto a tanta indolencia, pésima conducción, falta de transparencia, corrupción e ineficacia encargada de proveer del más importante de los insumos vitales, el agua”.

Por lo que instruyen a la AGE a que evalúe el desempeño y audite financiera, presupuestaria y técnicamente los recursos ejercidos por la CAPAMA en el año 2016 y que “de manera especial detecte, y en su caso, denuncie ante la Fiscalía General del Estado posibles actos de corrupción cometidos por servidores públicos”.