Tormentas a la vista

El gobierno de López Obrador va a enfrentar movilizaciones sociales con cuyos liderazgos individuales o colectivos, es extremadamente difícil el razonamiento y la búsqueda de soluciones con beneficio colectivo.

Dos de ellas están en puerta: las que encabezará la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y los emplazamientos a huelga del sindicalismo emergente por parte de Napoleón Gómez Urrutia

La realidad es cambiante. Siempre. Por tanto, los diagnósticos y las estrategias de lucha política también deben de cambiar. Este es el postulado que menos ha entendido un sector de la izquierda y por el comportamiento basado en la cerrazón, AMLO los ha calificado como ultra radicales conservadores. El término es más que apropiado

La actitud descrita, se refleja en la poca compresión que tienen de la complejidad como se manifiesta realidad y la terquedad en permanecer atados a las viejas formas para expresar la inconformidad, la indignación y la pobreza en los objetivos de la lucha.

A finales de la década del ochenta el interés por las transformaciones de lo político estuvo asociado a los desafíos de y por la democratización, y las preocupaciones por el orden político, la incertidumbre en torno al modelo del Estado de Bienestar.

En los años noventa las transformaciones de lo político generaron la emergencia de intereses distintos y renovados: la crisis de los partidos, los límites de la representación y la desafección, el descentramiento de la política y del Estado, los movimientos sociales, la reestructuración productiva, la crisis del sistema de la producción en cadena o en serie y las transformaciones del mundo del trabajo, la descentralización, privatización, desregulación económica y financiera, la transnacionalización de las política públicas y la globalización junto a la emergencia de nuevas identidades socioculturales donde hibridación y diversidad comenzaban a evidenciar sus primeras luces.

En la primera década del presente siglo, desigualdad, pobreza, exclusión y vulnerabilidad se combinaron con procesos de conflictividad social creciente y crisis institucionales que dieron lugar a la multiplicación de demandas, protestas y acciones colectivas por parte de movimientos sociales y otras formas de organización así como luchas sociales en múltiples dimensiones de la vida colectiva en la región, la emergencia de los grandes problemas globales desbordaron los límites y la capacidad estatal.

Al final de la segunda década del siglo XXI, las transformaciones de lo político, el poder y las prácticas sociales nos convocan a reflexionar en torno a las renovadas dimensiones sobre las transiciones a la democracia, gobiernos de alternancia y de postura antagónica al neoliberalismo, acompañadas de un malestar ciudadano derivado de los todavía insatisfactorios resultados producidos.

La lucha del magisterio disidente en la región que domina, donde se ubica Guerrero, es de intereses limitados y espalda al papel que debe jugar la educación en este momento. Esa es la lucha que está por desatarse, cuyos anticipos ya vimos en Michoacán y estarían por repetirse en Guerrero.

El principal reclamo es por asunto de relativa justicia laboral pero de gran daño social: el pago y mantenimiento de plazas que carecen de techo presupuestal.

Esas plazas fueron obtenidas mediante recursos de chantajes y acuerdos opacos con gobierno que prefirieron el endeudamiento a la racionalidad financiera. Es decir su demanda es que se mantengan plazas  de trabajos para las cuales no hay dinero con qué pagar, hacer tiene un costo no solo para el aparato administrativo de estado, se revierte en grandes carencias sociales.

El argumento de que al corregir el actual desorden financiero y la opacidad de los actuales gobiernos, se pueden sostener sus plazas, es relativo.

En realidad el sueldo excesivo que perciben algunos funcionarios se resta a programas sociales y gasto operativo del gobierno, cuyo rezago también se traduce en pobreza.

La reforma educativa será una segunda demanda a enarbolar en este mes, a la fecha la contrapropuesta de algunos magisteriales es retórica, no hay una propuesta clara de reordenamiento administrativo y financiero de la educación, sino de la conservación de los privilegios.

Se niega de manera sistemática el hecho de que se requiere transformar a la educación y las relaciones político administrativas en ese sector y se reduce a la defensa de un muy dudoso derecho laboral.

Mentir para negar la realidad sirve a quienes necesitan esa mentira para poder convivir con sus propias negaciones, diría la abuela.