Caminos del sur/Manuel Nava

Más que un estallido

Guerrero es una entidad que aparece apabullada por noticias de la coyuntura. La inseguridad es el tema recurrente y preocupante. El apoyo federal se agotó en el envío de tropas federales, pero sin contar con ningún mapa estratégico de asentamiento, funcionamiento, relaciones de poder y formas criminales de las bandas y cárteles.

A Héctor Astudillo le ha dado prioridad a una estrategia que consiste en aumentar el turismo y darle espacio a la sociedad. Las plazas donde el miedo ha llevado a replegar la actividad económica y la sociedad han sido ocupadas casi en automático por bandas del crimen organizado.

Pero en la víspera del tianguis turístico retornaron las movilizaciones del magisterio disidente y la violencia entre grupos que se autodenominan policías comunitarias o autodefensas.

El artefacto explosivo detonado en Xaltianguis, amerita ser atendido con seriedad. La problemática de seguridad pública no puede resolverse sesgando las estadísticas o manteniendo la visión reduccionista de que se trata de altercados entre grupos delincuenciales y por encima de ello hay afluencia turística.

La problemática de seguridad pública en la entidad tiene dos orígenes los interés de corte político y económico delos grupos delincuenciales que terminan por erosionar la vida institucional y la pérdida de credibilidad que han sufrido las autoridades ante los ciudadanos lo cual les lleva a pensar que el gobierno no es garante de la paz pública y la coexistencia pacífica por tanto hay que recurrir a otros esquemas.

Si el hecho de Xaltianguis no es debidamente aclarado, se terminará por permitir el incremento de las amenazas que ya están provocando la pérdida de vidas humanas a gran escala, la destrucción de bienes materiales, enfermedades y lesiones generalizadas, el desplazamiento de grandes cantidades de personas y pérdidas económicas devastadoras.

Las imágenes que existen sobre lo ocurrido en Xaltianguis permiten de deducir que ni fue un artefacto insignificante ni se puede soslayar que se usen este tipo de armas para dirimir diferencia entre grupos, por muy pesado que se lleven.

Esa detonación cumplió dos objetivo tácticos: crear miedo entre la población y obtener publicidad inmediata sobre la forma en que ahora habrán de resolverse las diferencias.

Reducirla a una simple anécdota da pie a un segundo paso. Los terroristas también podrían atacar lugares donde hay grandes concentraciones del público, los suministros de agua y alimentos, los servicios públicos y los centros corporativos.

Aceptando sin conceder, como dice la autoridad, que se trata de un pleito que se circunscribe a  grupos antagónicos, el problema es que se comienzan a usar armas de mayor capacidad destructiva y mayor posibilidad de daños a terceros, que están imponiendo su autoridad por encima de las leyes que nos rigen y están tomando el control de territorios desplazando al gobierno constituido.

Los daños al turismo son, hasta ahora, colaterales, impactantes, sin duda, pero localizables a tres universos: la captura del Estado o la ocupación de espacios estratégicos del Estado nacional y sus áreas de seguridad por intereses del crimen organizado, delincuencia común y cárteles en siembra, trasiego y promoción del consumo.

Esto abona al discurso de los grupos de autodefensas o policías comunitarios: el gobierno, las instituciones ya tienen capacidad para garantizar la paz y la seguridad pública.

La creación y funcionamiento de una forma alterna para brindar seguridad y justicia impone un reto a la visión y a los constructos ideológicos convencionales validados por el contrato social.

Sin duda, profundizar en dichos procesos trae consigo la evidencia de una ruptura explícita del paradigma que plantea al Estado como único garante de la seguridad y la impartición de justicia.

La realidad puede ser benevolente con el descuido, pero el menosprecio lo cobra muy caro diría la abuela.