En defensa del Plan de Paz y Seguridad

La presentación del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 esta semana por parte del Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador y el próximo Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, ha generado reacciones en un sentido y en otro, muchas de ellas provistas de la polarización e ideologización que prevalece en el escenario político.

Sin embargo, cabe hacer unas reflexiones en torno al mismo, partiendo del grave entorno de inseguridad y violencia que prevalece en la mayor parte del país.

1.- En primer término, a diferencia de los dos últimos gobiernos, el de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que arrancaron sin un plan en la materia, el futuro gobierno determinó hacer pública la hoja de ruta que seguirá al respecto.

2.- Recordemos que Calderón repentinamente inició en Diciembre de 2006 en su Estado natal, Michoacán, el operativo conjunto para esa entidad, y anunció lo que sería la “Guerra contra el Narcotráfico” con los pobres resultados conocidos. Fue un golpe efectista ante el pronunciado déficit de legitimidad derivado de su muy cuestionada elección.

3.- Por su parte, Peña Nieto decidió desaparecer la Secretaria de Seguridad Pública y concentrar sus funciones en la Secretaría de Gobernación, colocando este tema prioritario en un segundo plano. De igual manera, su estrategia se orientó a modificar su discurso para ya no hablar de la situación de inseguridad y, en un buen tramo de su periodo, se dejó de enfrentar a los grupos criminales quienes se empoderaron en diferentes territorios.

4.- El gobierno de EPN rebasó al de Calderón en el número de víctimas y desparecidos. En ambos gobiernos el enfoque en materia de seguridad fue eminentemente represivo, no hubo un tratamiento integral del problema y junto con la violencia y la criminalidad, se dispararon las violaciones graves a los derechos humanos y la corrupción policial.

5.- El Plan de Paz y Seguridad de AMLO busca atender de manera integral y transversal factores fuertemente asociados con la violencia  para pacificar el país y prevenir los delitos, como lo son: la falta de oportunidades, la pobreza, la pérdida de movilidad social, la falta de valores, la corrupción, el enfoque prohibicionista en materia de drogas y la desatención de los jóvenes quienes, ante la ausencia de horizontes y la incesante exaltación consumista, han optado por engrosar las filas de la delincuencia.

6.- El Plan de López Obrador aborda el tema de la construcción de paz de manera explícita, buscando mecanismos de justicia transicional. Establece procesos de desarme, desmovilización y reinserción; así como, la instalación de un Consejo de Construcción de la Paz.  Asimismo, se condiciona cualquier proceso de Amnistía o indulto al perdón de las víctimas, lo cual es fundamental y constituye un límite a estos procesos, donde además se plantea condicionarlo al cumplimiento de cuatro ejes: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. El reconocimiento explícito de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional que plantea el Plan es un aspecto que de concretarse marcará un cambio histórico en el país, pudiendo intervenir ya sin cortapisas la justicia internacional en crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país.

7.- El tema de los penales y reclusorios es un tema fundamental, el Plan aborda su recuperación y dignificación. Las cárceles se han convertido en escuelas de criminales, en centros de operación de la delincuencia (el caso del Penal de Las Cruces en Acapulco es emblemático al respecto) y en espacios de violación recurrente de los derechos humanos. Gran parte de la violencia que se manifiesta en las calles tiene su génesis en los penales, en un círculo vicioso que hay que romper.

8.- El tema de la Guardia Nacional ha concitado la descalificación del Plan por parte de algunos grupos y especialistas, sin embargo al margen del calor del debate conviene tener en cuenta la inoperancia, alto grado de infiltración criminal y corrupción de las diferentes corporaciones policíacas, son excepcionales aquellas que funcionan adecuadamente, por tal razón y ante la emergencia de violencia e inseguridad, es pertinente crear una nueva fuerza policial nacional que retome la lealtad, disciplina y compromiso de nuestra milicia, pero que al mismo tiempo ponga hincapié en aquellos aspectos de que ha carecido la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.

9.- Se cuestiona que la preparación de nuestros soldados y marinos no es policial y que por tanto en el desarrollo de sus acciones cometen violaciones a Derechos Humanos, hay un uso desmedido de la fuerza letal y ello ha aumentado el número de víctimas, al respecto conviene señalar que la Guardia Nacional será una nueva corporación policial que se constituirá a partir de elementos de las Policías Militar, Naval y Federal y un proceso de reclutamiento abierto jóvenes, a quienes se les capacitará en procedimientos policiales, derecho Penal, perspectiva de género, Derechos Humanos, primeros auxilios, protección civil etc. para que puedan cumplir sus funciones de prevención y combate a los delitos y auxilio al Ministerio Público sin caer en los excesos que han sido cuestionados. La Guardia Nacional se integrará a la Secretaria de la Defensa Nacional, atenderá los requerimientos señalados por las Coordinaciones de Seguridad y los lineamientos de acción elaborados por la Secretaria de Seguridad Ciudadana. En las condiciones actuales y dado la  grave problemática de las policías, se impone el realismo y las necesidades de protección de la ciudadanía y recuperación del control territorial, por esa razón considero adecuada la creación de la Guardia Nacional y la participación de nuestras Fuerzas Armadas en labores de seguridad. Retirar al Ejército en estos momentos sería dejar en total estado de indefensión a la población.

10.- Si bien el futuro de las policías estatales y municipales no queda claramente definido en algún apartado específico, lo cierto es que en el diagnóstico de la problemática de seguridad se señalan sus insuficiencias y la infiltración criminal que les corroe. Asimismo, al mencionar el Plan la necesidad de focalizar las estrategias y acciones de manera regional, empezando por los lugares con mayor grado de violencia, ello implica necesariamente revisar a las policías municipales y estatales. Asimismo, los Coordinaciones Estatales y Regionales que contempla el Plan podrán revisar la depuración de los cuerpos policíacos y su certificación. Al respecto también las autoridades locales deberán asumir su responsabilidad en la materia, toda vez que la mayoría no asume plenamente su compromiso con la seguridad ciudadana y espera todo de la federación.