Desaparecidos, hoy, en Acapulco

El 5 de diciembre pasado, cerca de las nueve de la noche, tres jóvenes de menos de treinta años de edad fueron “levantados” en un lugar próximo al zócalo de Acapulco. Iban a jugar futbol en la que se conoce como cancha de la CROM, a un lado del malecón. Ya no llegaron. Uno de ellos, Carlos Ignacio Rojas, apareció muerto al día siguiente en el fraccionamiento Hornos, con la marca de un disparo en la cabeza, y los otros dos continúan desaparecidos.

Desde entonces, la familia de Jonathan Guadalupe Romero Gil, uno de los dos que siguen desaparecidos, ha realizado numerosas protestas públicas en el puerto, con la presunción de que los responsables de la desaparición –y por consiguiente del asesinato de la primera víctima—son policías municipales.

La sospecha de la familia se basa principalmente en una llamada que Jonathan Romero alcanzó a hacer a su hermana en el momento de la detención, en la que le dijo que estaban siendo detenidos por policías municipales, y en un video captado por una cámara particular, en el que se ve a una patrulla de la policía municipal pasar junto a los jóvenes mientras éstos caminan en los instantes anteriores a su “levantamiento”. (“Tres jóvenes desaparecidos en Acapulco, no fueron detenidos o levantados por policías municipales: Adela Román”, ANG, 10 de diciembre de 2018.)

Si las autoridades se tomaran con seriedad sus obligaciones, el testimonio que consiguió dejar la víctima y el video habrían sido considerados como indicios suficientes y eficaz punto de partida para la investigación correspondiente. Pero no parece que la Fiscalía General del Estado haya tomado con seriedad ni la llamada ni el video, y ni siquiera parece haber emprendido una investigación, acaso en espera de que este acontecimiento llegue por sí solo al desenlace usual en esta clase de infamias. Por su parte, las autoridades municipales han asumido una actitud indiferente que no alcanzan a disimular con declaraciones periodísticas, más interesadas en evitar que los policías sean investigados que en aclarar lo ocurrido.

La singularidad del caso es que esas autoridades pertenecen a Morena, el partido que ahora gobierna Acapulco y el país. La presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, no se muestra particularmente consternada ni ocupada por este caso. Peor todavía: en lugar de encabezar los esfuerzos para encontrar a los dos jóvenes, algo que uno supondría le concierne al margen de quiénes sean los responsables del secuestro, asumió una actitud de defensa de los policías municipales posiblemente involucrados en los hechos.

Esos policías están identificados, son cinco, ya acudieron a declarar ante el Ministerio Público y negaron haber participado en el “levantón”. Lo hicieron el 17 de diciembre ante la demanda de la familia de Jonathan Romero, pero en el siguiente contexto que le resta credibilidad al procedimiento. En primer lugar, después de que la presidenta municipal dijera el 10 de diciembre a la prensa que es mentira que los jóvenes fueron “levantados” por policías municipales. Y, en segundo lugar, acudieron acompañados por el secretario de Seguridad Pública de Acapulco, Geovanni Raúl Mejía Olguín, cuya presencia en ese acto sólo podía tener como propósito la intención de proteger a sus subordinados.

Es verdad que la presidenta municipal ha recibido en sus oficinas a la familia de Jonathan Romero, y hasta dos veces según afirmó un comunicado del ayuntamiento emitido el 15 de diciembre, pero esos encuentros no han producido ningún efecto en el objetivo de encontrar a los jóvenes y esclarecer el hecho. Lo más que ha sucedido es la declaración ministerial de los policías que tenían a su cargo la vigilancia de la zona, en la que negaron cualquier vínculo con el secuestro, pues a la solicitud de la familia de que sean presentados los videos de las cámaras de seguridad, la respuesta ha sido que no sirven y por lo tanto no hay ningún video. Y en lo que respecta a la patrulla que aparece en el video particular, desde la Secretaría de Seguridad Pública municipal se ha deslizado confusamente la versión de que pudo haber sido clonada. Muy convenientemente, pues, todo favorece a los victimarios y nada a las víctimas.

Hay un dato más que no puede hacerse a un lado en esta historia, y que fortalece la hipótesis de que fueron policías municipales los responsables del “levantón”. Tan sólo dos días antes de la desaparición de los jóvenes, la presidenta municipal se declaró públicamente impresionada por la magnitud de la inseguridad que agobia a Acapulco, que definió como “extremadamente grave”, y dijo que la Policía Municipal estaba convertida en el brazo armado de la delincuencia organizada. (Agencia Quadratín Guerrero, 3 de diciembre de 2018)

Es obvio que la señora Román Ocampo se refería a la policía que estuvo activa durante el anterior mandato del PRD, y que fue desarmada y acuartelada por disposición del gobierno estatal una semana antes de que ella tomara posesión del cargo hoy hace poco más de tres meses. En efecto, pesaban sobre la policía de Acapulco, lo mismo que sobre el propio ex alcalde del PRD, graves sospechas de complicidad con el crimen organizado, por lo cual y como consecuencia de aquel desarme, en octubre del año pasado quedaron detenidos dos mandos acusados de homicidio. Pero, sin que existan datos sobre el saneamiento de la corporación, entrado el gobierno de Morena esa misma policía fue rearmada y desplegada nuevamente en las calles del puerto. Y a ese mismo cuerpo pertenecen los cinco policías que pudieron haber tomado parte en la desaparición de los tres jóvenes, y si no esos, posiblemente otros. En esas circunstancias, ¿a cuál policía se refirió realmente la presidenta municipal el 3 de diciembre y a qué policías defendió siete días después, el 10 de diciembre? Esa actitud indiferente, insensible y descomprometida de los funcionarios –descomprometida con las víctimas– es la mejor receta para hacer más grandes tragedias como la que sufren hoy los familiares de los tres jóvenes desaparecidos en Acapulco.

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